El número dos del PSOE ve “feo” el caso Besteiro pero defiende su continuidad

El secretario de Organización del PSOE, César Luena, ha admitido este martes que el caso en el que se investiga al líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, es "feo" y “grave”, y ha garantizado que dejará la secretaría general de los socialistas gallegos si finalmente se abre juicio oral contra él.

En declaraciones a los medios en la inauguración del Museo de Efe, Luena ha insistido en que la dirección federal mide a todos con el mismo criterio y que el ámbito de la responsabilidad está en los cargos públicos.

Besteiro sólo tiene un cargo orgánico y en su día renunció a la posibilidad de ser senador, ha recordado, por lo que no tiene hoy por hoy responsabilidad pública alguna.

"Es cierto que el caso es grave, es muy feo, y vamos a cumplir tajantemente el código ético, para él y para todos", ha subrayado Luena antes de incidir en que si en algún momento se le abre juicio oral por las investigaciones de la operación Pulpo “inmediatamente abandonará las responsabilidades del partido, que no tenga nadie ninguna duda”.

"Se cumple el código ético"

El número dos de Pedro Sánchez ha reiterado en que el partido está cumpliendo su código ético, "el más exigente de todos los partidos", con el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, investigado por diez delitos en dos operaciones judiciales dirigidas por la jueza Pilar de Lara.

Luena se ha expresado así después de que la presidenta andaluza, Susana Díaz, afirmase este lunes que en Andalucía ha habido socialistas que han asumido "responsabilidades más allá de lo que exige el código ético" por "no hacer daño" al partido y consideró que ese es el "camino correcto y adecuado".

Preguntado por estas palabras, Luena ha respondido diciendo: "Nosotros a cumplir el código ético, que es el más exigente de todos los partidos de España", en declaraciones a los periodistas a su llegada al acto de entrega de los segundos premios Efe Cultura.

El código ético del PSOE establece que todo cargo orgánico o público debe dejar sus responsabilidades si se le abre juicio oral por un procedimiento penal pero también abre la puerta a que los órganos de dirección tomen medidas contra quien resulte imputado en función de la gravedad de los hechos.