La juez Pilar de Lara ha oficiado a la Guardia Civil para que reclame todas las cuentas presentadas entre 2005 y 2010 por las ocho empresas que tomaron parte en la reforma del piso de José Ramón Gómez Besterio, investigado en la operación Garañón por delitos relacionados con la corrupción urbanística. La magistrada reclama por un lado al Registro Mercantil la copia de las cuentas anuales presentadas en esos años, pero solicita además a la Agencia Tributaria la declaración de operaciones a terceras personas.
Según explica en el auto en el que habilita a los agentes del Seprona para recoger la documentación, trataría con ello de solucionar las contradicciones existentes entre las declaraciones de dos testigos. Uno de ellos, propietario de una de las empresas que participó en la reforma, indicó que a él Construcciones Pedrouzo, la empresa que gestionó todos los trabajos, le había pagado la de Besteiro con cargo a otra obra, y que el otro testigo le había comentado "que se estaban cambiando facturas de obras y albaranes del piso de Besteiro supuestamente porque no habría cobrado la reforma Pedrouzo", la firma que dirigió todos los trabajos, según publica El Progreso.
Sin embargo, la persona que supuestamente había hecho el comentario lo negó taxativamente en su declaración judicial, "pero al mismo tiempo afirma que en modo alguno se certificaban ni se facturaban obras con cargo a otras obras". De Lara cree que la documentación requerida ahora puede solucionar esta supuesta contradicción.
En la exposición de su auto, la juez recoge datos ya repetidos a lo largo del sumario: que las reformas del piso Besteiro se encargaron a Construcciones Pedrouzo, "cuyo gerente, Manuel Vázquez Corredoira, era cuñado de María Novo, quien ulteriormente también sería concejal de urbanismo", y que fue el propio Besteiro como concejal el que firmó la licencia de las mismas. También vuelve a hacer referencia a la diferencia entre el presupuesto inicial, 9.638 euros, y el precio final, 52.200. "Sin embargo, lo más llamativo es el tiempo que se han tardado en facturar y pagar las mencionadas obras, pues habiéndose culminado en el año 2005, la factura por las obras de reforma no se emitió sino hasta cinco años después", insiste, para añadir que Pedrouzo "según parece , no declara dicho cobro de dinero ni el mismo aparecería reflejado en los libros de contabilidad de la empresa".
Sanatorio Portela
Por otro lado, la jueza mantiene también activa otra de las líneas de investigación, la compra del sanatorio Portela por parte del Instituto Nacional de Estadística para instalar allí su sede. En ese sentido, hace varias semanas que solicitó al Colegio de Abogados que informase de las actuaciones que llevó a cabo hace años para adquirir el Portela con vistas a su sede. Recibida la documentación por parte del Colegio de Abogados, Pilar de Lara requiere todavía más información, que incluya todo tipo de correos, actas, presupuestos... Además, pide el nombre de todos los letrados que formaban parte de la junta directiva del colegio en aquel momento, por lo que no se descarta que dentro de poco se vea un desfile de abogados pasando a declarar como testigos por el juzgado de instrucción.
Como ya publicó este diario en su momento, el Colegio de Abogados estudió la compra del Portela e incluso tenía un preacuerdo con los anteriores dueños, pero decidió volverse atrás al comprobar que estaba previsto que se pudiera construir en torno al edificio.