El Gobierno gallego invertirá más de 100 millones de euros para la creación de un parque tecnológico industrial en el aeródromo de Rozas. Según avanzó en el Parlamento el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el Consello da Xunta dará este jueves luz verde a esta iniciativa, "la mayor apuesta de inversión industrial que nunca un Gobierno gallego hizo por Lugo", aseguró.
El también líder del PPdeG resaltó de este modo la apuesta de su Ejecutivo por el sector aeronáutico y por una provincia de la Galicia interior como la lucense, durante un cara a cara con el portavoz socialista, José Luis Méndez Romeu, quien momentos antes había cuestionado la política económica de la Xunta y su nula implicación con los principales sectores productivos.
Aunque no entró en más detalles sobre el proyecto de Rozas, que se conocerán este miércoles, el proyecto se enmarca en la idea de la Xunta de convertir el aeródromo de la Terra Chá en un polo industrial y generador de empleo vinculado al sector aeronáutico y, en particular, a las últimas tecnologías de drones y aviones no tripulados.
Ley del Suelo
Además de la anunciada inversión para Rozas, Núñez Feijóo ha avanzado que el Consello de Goberno de este jueves aprobará el inicio del reglamento de la Ley del Suelo y avanzará en la tramitación para constituir un parque tecnológico en el aeródromo de Rozas, que contará con una inversión de 100 millones de euros.
"Mañana daremos una buena noticia, espero que para el PSOE, que quería hacerlo y no pudo", ha enfatizado el mandatario autonómico, en una intervención en la que mostró su compromiso con los sectores productivos de Galicia.
Además, en su respuesta, ha defendido la "responsabilidad" de la Xunta para aprobar un texto legislativo para "dar seguridad jurídica" a Vigo, tras la anulación de su plan de ordenación municipal "aprobado" por el Gobierno bipartito.
"Hablar de seguridad jurídica por parte del PSOE es una metáfora", ha espetado al portavoz del Grupo del PSdeG, quien le recriminó el último fallo en contra del concurso eólico, que obliga a repuntuar a las empresas, sobre el que Feijóo defendió que no hay sentencia firme.