El Gobierno gallego ha dado luz verde a la ley de medidas en materia de urbanismo que permitirá "desbloquear" la situación de Vigo, después de que el Tribunal Supremo anulase su plan general de ordenación municipal (PGOM). También será una vía para cualquier otro ayuntamiento que pueda verse en una situación similar, y necesite impulsar con rapidez proyectos urgentes promovidos por administraciones públicas.
Esta solución "legal", cuyo contenido ha detallado el presidente, Alberto Núñez Feijóo, incorpora un artículo y se tramitará por la vía de lectura única en el Pazo do Hórreo, donde será aprobada este mes de febrero. A partir de ahí y cuando entre en vigor, la autorización de terrenos para la factoría viguesa de PSA Citroën, que depende de la Zona Franca, podría tardar "entre cuatro y tres meses".
"Es un proceso riguroso", ha defendido Feijóo, quien ha lamentado que el "bloqueo" de AGE impidiese incorporar esta vía en la Ley del Suelo aprobada esta misma semana, pero ha reivindicado que la Xunta actúa "48 horas después".
Lo hace con una solución -ha remarcado- que "respeta la autonomía local, mantiene la exigencia de todos los informes sectoriales requeridos, incluido el de impacto ambiental, si es necesario, y respeta las resoluciones judiciales".
Según ha explicado, la autonomía municipal se garantiza porque será necesario un informe "preceptivo y vinculante" del Ayuntamiento en cuestión y, si éste es desfavorable, la Xunta archivará el proceso. Además, el Ayuntamiento podrá suspender las obras incluso una vez aprobado, si no se ajusta a la licencia y al procedimiento estipulado en la ley.
Todos los informes sectoriales
Asimismo, los proyectos deberán recibir todos los informes sectoriales previos que sean necesarios -incluido el ambiental- y Feijóo ha destacado que el mecanismo no busca "evitar" las resoluciones judiciales, sino "lo contrario", ya que para que esta vía se pueda utilizar, el Ayuntamiento debe haber iniciado el procedimiento para un nuevo plan de ordenación municipal.
"Son medidas garantistas para ser útiles al país", ha resumido el presidente gallego, quien ha añadido que, como vía de recurso a esta norma, se puede acudir al Tribunal Constitucional, como ocurre con cualquier otra ley del ordenamiento jurídico español.
Procedimiento
El texto aprobado por el Ejecutivo de Feijóo en su reunión semanal fija un procedimiento, de forma que el órgano promotor del proyecto dará traslado del mismo a la consellería competente en la materia, solicitando que se inicie el proceso para declararlo de urgencia e interés público. Deberá aportar un proyecto detallado.
Será la consellería la que justifique las razones de urgencia y excepcional interés, y remitirá este proyecto al Ayuntamiento para que en 10 días acepte o rechace su tramitación. Si el informe del Consistorio es desfavorable, se archivará. De lo contrario, se remitirá a la consellería competente en urbanismo, que solicitará con carácter de urgencia los informes sectoriales preceptivos.
Una vez recabados, elevará el proyecto a la Comisión Superior de Urbanismo, que se pronunciará sobre los aspectos urbanísticos. Finalizada esta fase, la consellería responsable de urbanismo devolverá el proyecto al departamento autonómico competente que lo recibió en un principio y ésta lo elevará al Consello de la Xunta para que lo apruebe.
"Será el Gobierno el que habilite a los promotores para el inicio de las obras correspondientes y el Ayuntamiento velará para que esas obras se ejecuten conforme a la licencia otorgada; de no ser así, podrá suspender las obras y solicitar que se adecuen al proyecto aprobado por el Gobierno de la comunidad", ha añadido Feijóo.
Proyectos estratégicos
Conforme estos pasos, Feijóo ha detallado que, en el caso de la ampliación de los terrenos para Citroën, sería la Zona Franca la que tendría que presentar el proyecto a la Consellería de Economía y esta, tras justificar las razones que avalan su urgencia, remitirlo al Ayuntamiento de Vigo, que tendrá 10 días para pronunciarse.
Si la postura de la administración local es favorable, este proyecto deberá dirigirse al departamento autonómico de urbanismo para que recabe los informes pertinentes y el proceso continuará hasta la aprobación por parte del Consello de la Xunta. En el caso de la factoría viguesa, clave para el sector de la auto de Galicia, el proceso podría demorarse "entre cuatro y seis meses".
Feijóo también ha avanzado que la misma vía permitirá avanzar en otros proyectos estratégicos para Vigo como la estación intermodal. "Y entiendo que afecta a cualquier tipo de infraestructuras judiciales o de otro tipo pendientes en cualquier ciudad de Galicia", ha aseverado.
Eso sí, ha subrayado que esta solución legal no permitirá "especulaciones", sino que se aplicará únicamente a proyectos promovidos por administraciones públicas.
Catálogos de paisajes
Por otra parte, el Consello de la Xunta ha dado luz verde al siguiente paso en la tramitación del Catálogo de los Paisajes de Galicia, que se someterá ahora a información pública durante un periodo de dos meses, antes de proceder a su aprobación mediante decreto.
Este documento identifica los tipos de paisaje, analiza las causas y estado natural del mismo, y delimita las áreas de especial interés paisajístico (AEIP). Feijóo ha destacado la participación pública, toda vez que 66 de las 207 áreas de especial interés que recoge fueron identificadas exclusivamente a través de las aportaciones ciudadanas.
El Catálogo crea también un inventario de 444 miradores. Asimismo, este jueves ha sido aprobado el decreto de expropiaciones para la construcción de una senda peatonal en el tramo que une Laraño y Vidán con Santiago en la AC-543. La actuación se licitará este mes y tiene un plazo de ejecución de 12 meses, con un presupuesto de casi 600.000 euros.