El Sergas había abierto un expediente a los tres médicos de Coruña denunciados por la Fiscalía
Supuestamente usaron medios públicos para la privada. Vázquez Almuíña muestra la disposición de la Xunta a colaborar con la Justicia.
El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, ha informado de que "se había abierto un expediente por parte de la Consellería" a los tres médicos del equipo de cirugía torácica del Complexo Hospitalario Universitario de Coruña (Chuac) denunciados por Fiscalía por supuestamente valerse de recursos de la sanidad pública para derivarlos y operarlos en clínicas privadas.
Preguntado por esta cuestión este martes en Santiago, Vázquez Almuíña ha apuntado que se "había abierto un expediente" a los facultativos, "pero esto paraliza cualquier tipo de actividad".
"Nosotros ante un tema que esté judicializado tenemos que respetar siempre la labor de la Justicia, estamos siempre en colaboración con ella", ha afirmado.
Con todo, ha asegurado que "a día de hoy" no tiene "ninguna comunicación oficial". "Lógicamente, como en cualquier otro asunto, estaremos a lo que el juez responsable dictamine", ha agregado.
Escrito del fiscal
En el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, se apunta la "conclusión" de que los tres cirujanos del servicio de cirugía torácica del Chuac, que son partícipes de la Unidad de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva SLP, llevaron a cabo las intervenciones quirúrgicas de los 11 pacientes "en los centros médicos privados a cargo de las compañías con las que los pacientes tenían concertado un seguro médico", "utilizando las costosas pruebas de diagnóstico, de preoperatorio y postoperatorio a cargo del Sergas".
Al respecto, señala a estos tres médicos de "apropiarse" de documentación de expedientes públicos de las historias públicas para "incorporar a los centros privados". Sobre este extremo, el fiscal recuerda que las historias clínicas "son de la titularidad del Sergas".
En esta línea, indica que para "la preparación de la intervención en el servicio público, su realización en un centro privado mediante la utilización de las pruebas médicas públicas exige una reclamación del paciente del Servicio de Atención sobre el retraso en la lista de espera", un "trámite que no consta respecto de ninguno de los pacientes incluidos en el informe de la inspección médica".
Por todo ello, la Fiscalía Provincial de Coruña asegura que estas conductas tienen encaje con los delitos contra la Administración Pública, relativos a la infidelidad en la custodia de documentos y violación del secreto, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de abuso en el ejercicio de su función.
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