El empresario Francisco Ramón de Lucas Blanco, conocido como Pachi Lucas, y la actual directora general de Conservación da Natureza, Ana María Díaz López, son dos de los 25 nuevos citados como investigados -figura jurídica que sustituye a la imputación- en el marco de la operación Zeta.
Así se recoge en el auto hecho público este viernes por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Coruña y al que ha tenido acceso Europa Press. Entre los 23 testigos citados a declarar figura la actual conselleira de Medio Ambiente e Ordenación de Territorio y exresponsable de la Consellería de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, y el actual secretario general de Pesca en funciones y exdirector xeral de Promoción de Emprego, Andrés Hermida Trastoy.
En el caso de Pachi Lucas, al que se ha vinculado con el entorno de amistades del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la juez le cita como investigado por un supuesto delito de tráfico de influencias.
En el empresario coruñés Gerardo Crespo, presunto cabecilla de la trama -un supuesto fraude en cursos de formación para obtener subvenciones públicas-, se le calificaba como el "conseguidor", según las investigaciones policiales llevadas a cabo.
Delitos de prevaricación
Por su parte, a la actual directora general de Conservación da Natureza y exdirectora general de Traballo, Ana María Díaz, la jueza le cita como investigada por un presunto delito de prevaricación. El mismo delito le atribuye al exdirector de Formación e Colocación durante el bipartito de la Xunta, Pastor Fuenteseca Díaz.
A este nombre, se suma, también por el presunto delito de prevaricación, el de Juan José Barrera Cerezal, exdirector general de Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo e Inmigración durante el gobierno socialista.
Estafa, fraude y falsedad
La juez acuerda, además, la citación en calidad de investigados de "quienes prestaron su colaboración para la constitución de sedes ficticias y que suscribieron contratos de arrendamiento y de trabajo a tal fin, con el objetivo de ser receptoras de acciones formativas con las que obtener beneficio económico".
Se trata de 21 personas que serán citadas por su presunta participación en un delito de estafa agravada, fraude de subvenciones y falsedad documental en una trama por la que ya fueron imputados -antes de cambiarse la denominación a investigado- una treintena de personas, entre ellas el también exdirector general de Traballo, Odilo Martiñá.
En el caso de los exaltos cargos, asegura que se basa no solo en "los datos objetivos ya apuntados en relación al examen de los expedientes administrativos en que intervinieron, que revelan una total dejación en la verificación de los requisitos de concesión y de justificación del gasto" sino también en la existencia de "indicios de connivencia con los principales actores de la trama".
Mientras, sobre el empresario Pachi Lucas, apunta a la existencia de correos electrónicos remitidos desde el grupo empresarial de Gerardo Crespo en los que se alude a "asuntos en Madrid y Galicia", "referencias concretas a adjudicaciones y cobros pendientes" y "una cita concertada" por el ahora citado como investigado para el empresario coruñés con la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, según recoge el auto.