El Gobierno gallego obligará a las entidades financieras, así como a sus filiales inmobiliarias, y a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a comunicar todas las viviendas vacías de las que disponen en las localidades con más de 10.000 habitantes bajo una amenaza de sanción de hasta 3.000 euros por inmueble si se incumple este precepto.
El decreto que regulará este censo de viviendas, aprobado en el Consello de la Xunta de este jueves, también permitirá inscribir todos los inmuebles que se encuentren en municipios de menos de 10.000 habitantes y las del resto de propietarios de viviendas vacías.
Según ha explicado el presidente, Alberto Núñez Feijóo, este censo permitirá al Gobierno autonómico disponer de una información completa sobre el parque de viviendas vacías en la comunidad para realizar una "mejor" planificación social de la política de vivienda y buscar soluciones para los gallegos que se vean en situación de desalojo.
En todo caso, Feijóo ha garantizado que no se busca el "conflicto judicial", sino disponer de la información completa para intentar sellar este tipo de acuerdos y mejorar las políticas de vivienda. "No vamos a generar un conflicto judicial expropiando viviendas; ese no es nuestro objetivo, nuestro objetivo es alcanzar acuerdos", ha subrayado.
Alquiler o compra
Así, el decreto prevé la posibilidad de firmar acuerdos de colaboración entre la Xunta y los propietarios con el fin de destinar las viviendas inscritas a atender a personas afectadas por procedimientos de ejecución hipotecaria o por desahucios por impago de rentas de alquiler.
También contempla la intermediación del Gobierno gallego entre propietarios y demandantes de vivienda, facilitando fórmulas de concertación de arrendamientos o adquisición.
Del mismo modo, las viviendas inscritas en el censo podrán ser utilizadas en los programas de fomento del alquiler que desarrolle la Xunta o las administraciones locales, siempre con el previo consentimiento de los propietarios.
Por último, Feijóo ha incidido en que la Xunta podrá realizar una oferta pública de adquisición de viviendas, en las localidades de mayor demanda de viviendas de promoción pública.