El Colegio de Abogados de Lugo ha decidido incoar periodo de información previa al letrado Cándido Conde-Pumpido, que defiende al secretario general del PSdeG por su imputación en el caso Garañón, tras una denuncia efectuada por la asociación por la defensa del parque Rosalía.
En concreto, la denuncia de este colectivo se refiere a una vista del caso. En ella, según la asociación, una testigo declaró ante la juez Pilar de Lara a través de videoconferencia desde Madrid. "En la misma sala en la que se encontraba se pudo ver al señor Conde-Pumpido en la parte final de la declaración y cómo la testigo le preguntaba "¿a qué vienen estas preguntas?", según expone.
Para la asociación, esto "denota una relación previa entre ambos y un extraño proceder por parte del señor Conde-Pumpido". Por su parte, la junta de gobierno del colegio de abogados, en sesión celebrada el pasado día 14, adoptó el acuerdo relativo a la apertura de periodo de información previa.
Según recoge el acuerdo, el colegio determinó dar traslado del mismo al abogado, "a fin de que, en el plazo de 10 días desde su notificación, presente las alegaciones que estime oportunas".
Además, en un escrito firmado por el secretario del ente, José Ramón Varela Puga, el colegio apercibe al letrado de que "las alegaciones y descargos que efectúe podrán servir, en su caso, para la apertura de expediente disciplinario".
En concreto, la denuncia sostiene que "en el momento de comenzar la declaración por videoconferencia, con una manifiesta desconsideración hacia los letrados presentes en la sala, se tiene conocimiento de la presencia en Madrid del abogado Cándido Conde-Pumpido, quien (...) interrumpe la práctica de la declaración incluso de forma irrespetuosa (...) y con una manifiesta falta de buena fe pretende que no se practique la testifical (...)".
Caso Garañón
Previamente, el texto alude a la presentación, por Cándido Conde-Pumpido, de un escrito ante la Audiencia Provincial de Lugo "planteando la incompetencia de la magistrada instructora en dicha causa".
Este asunto fue recientemente resuelto por la Audiencia, que considera que "ninguna de las cuestiones planteadas" por su parte "tiene la naturaleza de cuestión de competencia objetiva y funcional".
En el conocido como caso Garañón, Besteiro está imputado por los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y contra la ordenación del territorio relativo a su etapa como concejal de Urbanismo en la ciudad amurallada.