El Parlamento de Galicia ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno, que, entre otros aspectos, restringirá en el futuro la capacidad de los gobiernos en funciones. El texto legislativo ha contado con los votos a favor de los grupos Popular y Socialista, y la abstención de Alternativa Galega de Esquerda, Bloque Nacionalista Galego y grupo Mixto.
La normativa que hoy aprobó la Cámara legislativa autonómica sustituye a la que estaba en vigor desde el año 2006 aprobada por el bipartito.
La Ley se enmarca en el programa de impulso democrático para reforzar la transparencia, prevenir la corrupción y mejorar la participación ciudadana que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció en la Cámara autonómica en enero de este año.
De esta forma, la Ley colocará a la Administración gallega como una de las más transparentes y otorga garantías para el libre acceso de los ciudadanos a la información, y es también más ambiciosa que la norma básica estatal.
Los grupos con representación en el Parlamento de Galicia han reiterado hoy el grado de consenso que presidió el trabajo en ponencia sobre el proyecto de ley.
La parlamentaria del Partido Popular Paula Prado afirmó que la Comunidad autónoma de Galicia avanza en transparencia con esta norma y mejora sustancialmente la aprobada por el bipartito que, recordó, los populares apoyaron entonces.
La nueva ley limitará las actividades de los gobiernos en funciones y obligará a facilitar información durante el proceso de traspaso de poderes, por lo que no se podrán enviar proyectos de ley al Parlamento ni autorizar convenios con otras administraciones, entre otras medidas.
Asimismo, la nueva normativa establece que todos los altos cargos de la Administración gallega tendrán la obligación de publicar por primera vez, tanto al acceder a su puesto como al abandonarlo, su situación patrimonial.
Será obligatorio, además, publicar la relación de aquellas actividades que el alto cargo desempeñase en los dos años anteriores a su toma de posesión, introduciendo también el deber de abstención en los asuntos que afecten a las entidades privadas en las que tuvieran parte en esos años.
Oficina de Incompatibilidades
Durante los dos años posteriores al cese las personas que fuesen altos cargos de la Xunta, éstas estarán obligadas a informar a la Oficina de Incompatibilidades de cualquier actividad que vayan a realizar.
La Ley permitirá a los ciudadanos encontrar en el portal de transparencia una amplia información que, hasta ahora, ni la Ley de transparencia gallega ni la Ley básica obligaban a publicar.
Durante la tramitación de la normativa han sido aprobadas más del 60% de las enmiendas presentadas por el grupo Socialista, en torno al 20% de las del gruño Mixto y más del 45% del BNG, recordó la popular Paula Prado, y precisó que las de AGE "era muy difícil" aprobarlas porque se trataba de enmiendas "que nada tienen que ver con transparencia".
Sobre el silencio administrativo negativo, en el que incidieron los grupos de la oposición, la parlamentaria del PPdeG aseguró que "es una garantía de derechos para la ciudadanía".
La diputada del grupo Mixto Consuelo Martínez dijo, en este sentido, que "una de las cosas que más chirrían" de la nueva norma "es el silencio administrativo negativo; eso es sólo una garantía para el Gobierno", consideró.
La diputada también justificó su abstención en la votación a lo que consideró "mala fe en el artículo referido a las organizaciones sindicales y a la falta de transparencia de las organizaciones religiosas".
Tereixa Paz, del BNG, explicó que durante el trabajo en ponencia del texto legislativo se aceptaron y se transaccionaron enmiendas "que no son meramente cosméticas sino que cambian sustancialmente el contenido inicial del proyecto de ley".
"Vulnera un derecho fundamental"
El diputado de AGE Xabier Ron incidió en que el silencio administrativo negativo "vulnera un derecho fundamental". "Lo que se pone en peligro con el silencio administrativo negativo es mayor que con el silencio positivo", incidió.
La socialista Marisol Soneira destacó el talante de la diputada Paula Prado en el trabajo de comisión, "porque se ha distinguido -dijo de ella- por ser el brazo armado de las políticas más beligerantes del grupo Popular contra la oposición".
Entre otros aspectos de la norma aprobada hoy, la parlamentaria del PSdeG incidió en la necesidad de mejorar la transparencia para controlar los recursos públicos que se adjudican a los medios de comunicación, y sostuvo que "a veces la mejor manera de que no haya transparencia es sumergir al ciudadano en un montón de información".