El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha confirmado este lunes que planteará que los proyectos prioritarios de la ciudad se tramiten "por mecanismos urbanísticos" de la Xunta de Galicia para agilizar el proceso, y ha expresado que el nuevo Plan General mantendrá "la misma filosofía" que desarrollaba el de 2008, recientemente anulado por el Tribunal Supremo (TS).
El regidor ha comparecido en rueda de prensa tras mantener encuentros con responsables sindicales de UGT, CCOO y CIG, y con representantes de los colegios de arquitectos y abogados para hablar de la actual situación urbanística de la ciudad. Durante estos encuentros, el alcalde transmitió "la senda" que sigue el Ayuntamiento tras conocer la sentencia y las líneas de actuación que adoptarán.
Caballero ha expresado que se seguirán "dos líneas de actuación simultáneas": plantear para el nuevo Plan "la misma filosofía que había en el modelo de ciudad" del de 2008 y defender que "las tramitaciones singulares de mayor importancia" vayan "por mecanismos urbanísticos de la Xunta".
Estos proyectos "singulares" son, según ha recordado el alcalde, la ampliación del polígono de Balaídos para ceder más suelo a PSA, la Ciudad de la Justicia y la estación intermodal de Urzáiz, cuya declaración de incidencia supramunicipal ya fue planteada la semana pasada por el primer edil, que no descarta esta vía para otras actuaciones.
Caballero ha abundado en que "dos de los casos", la Ciudad de la Justicia y la estación intermodal, son además "competencia" del Ejecutivo gallego, y ha avanzado que comenzará a tomar decisiones a este respecto la próxima semana. Ha defendido que, a pesar de la anulación del Plan General de 2008, la ciudad no sufre "ninguna inseguridad", ya que ahora está vigente el de 1993. También ha apelado a la "cooperación" entre administraciones para que el nuevo documento "esté aprobado lo antes posible".
"De la colaboración va a surgir, si efectivamente la hay, un acortamiento de todos los plazos. Vamos a tratar de minimizar el impacto para hacer que las consecuencias no deseadas de esta sentencia sean cero", ha expresado. Además, ha comentado que como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) está defendiendo "un planteamiento de que algunas cosas tienen que cambiar" ya que "un número singular de ayuntamientos" ven como su Plan General de Ordenación Municipal es anulado por "decisiones de las comunidades autónomas".
Por último, y preguntado por declaraciones de la secretaria general de Ordenación de Territorio y Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas, en las que abogaba por modificaciones puntuales del Plan General del 93 para los proyectos prioritarios, ha dicho que "son cuestiones técnicas" y que no existe "ninguna contradicción política".
Así las cosas, ha dado "máxima importancia" a la cooperación entre ambas administraciones y ha resuelto que serán los técnicos quienes decidan cómo resolver "el problema". El delegado territorial de la Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, también se ha manifestado hoy sobre la anulación del Plan General y ha mostrado su "preocupación" por "la gestión" que está realizando el Ayuntamiento, ya que "ha pasado una semana" desde que conoció la sentencia y "no ha hecho nada".
El PP advierte que afectará al presupuesto
Por su parte, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Vigo ha advertido este lunes de que la anulación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) afecta a las previsiones de ingresos por el IBI y, por tanto, afecta directamente al presupuesto municipal para 2016.
Según ha recordado la portavoz del grupo, Elena Muñoz, el próximo miércoles está prevista la celebración del pleno extraordinario para aprobar definitivamente los presupuestos municipales de 2016, que ascienden a 226 millones de euros.
El PP, ha confirmado, solicitará la suspensión de ese pleno, habida cuenta de que la anulación del PGOM ha hecho que entre en vigor el planeamiento anterior, el del 1993. Así, ha indicado Elena Muñoz, se altera el cálculo de ingresos por IBI (estimados en 60 millones de euros) porque hay que modificar el padrón para adaptarlo al planeamiento ahora vigente.
Según la portavoz popular, el gobierno debe hacer un informe para saber cómo afectan los cambios al documento presupuestario, antes de que sea aprobado definitivamente. "Si hay que modificar el presupuesto, que se modifique", ha sentenciado.