El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que la operación Pokémon causa la percepción en los ciudadanos de ser "una causa imposible": "Imposible de gestionar, en la que nadie entiende nada cuando hay tantos imputados, tantos delitos conectados y años y años de tramitación...", ha opinado.
Catalá se ha pronunciado de este modo en una entrevista concedida a Faro de Vigo, que recoge Europa Press, tras hablar sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entra en vigor en diciembre y está recibiendo críticas por parte de jueces y fiscales. "Esa reforma incorpora medidas para agilizar el funcionamiento de la Justicia y fortalecer la garantía de los derechos de las personas que participan en un proceso penal", ha relatado, para luego precisar que "se establece que las causas sencillas puedan llevarse a cabo en seis meses y las complejas en 18 como modelo general".
"Pero la ley contempla que esos plazos podrán ampliarse", ha asegurado, para luego hacer hincapié en que se pondrán más medios a disposición de los profesionales: "Por supuesto que sí, ese es el compromiso", ha agregado.
Y es que ha explicado que, el año que viene, el presupuesto del ministerio va a crecer, lo que significa, ha relatado, que habrá más plazas de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios. "No estamos en frentes confrontados, no estamos en conflicto. Trabajamos por un mismo objetivo y todos los planteamientos razonables se atenderán", ha subrayado.
En esta línea, Catalá ha indicado que, en el caso de la justicia criminal, la ley es del "siglo XIX". De ahí la necesiadad de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha remarcado el ministro, quien considera que "agilizará" la Justicia y "acabará" con las "macrocausas": "Ya no habrá esos cientos de acusados que forman parte de la misma causa, que se tarda años en investigar...".
En este sentido, preguntado por la operación Pokémon, ha opinado que esta causa es un "ejemplo" de cómo las leyes procesales que estaban en vigor antes en España "provocaban estos resultados tan negativos". "Negativos en términos de agilidad de la Justicia", ha precisado.
"Si eso sucedió es porque la ley lo permitía. Por eso la hemos reformado, para que nunca más volvamos a encontrarnos con este tipo de procesos que la percepción que causan al ciudadano es la de una causa imposible", ha zanjado.
Por su parte, el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, también se ha referido a la operación Pokémon en una entrevista concedida a La Voz de Galicia: "En los asuntos que han llegado al Tribunal Superior de Xustiza derivados del caso Pokémon he constatado un trabajo reflexivo, prolijo y continuado que no se puede más que entender como algo positivo de la instructora".
"A lo que me refiero en este caso, y en muchos otros con un volumen de folios considerable, es que hay que aplicar la racionalidad y el sentido común. [...] Y no se puede pretender que ningún juzgado en España se constituya en una mini Audiencia Nacional que absorba todos los casos", ha subrayado, pues sostiene que eso convierte las instrucciones en "ingobernables" y producen "dilaciones" que "la práctica y la realidad demuestran" que "terminan con absoluciones de buena parte de los imputados".
Manuel Baltar
Por su parte, Catalá también ha sido cuestionado por la denuncia contra Manuel Baltar por supuestamente haberle pedido sexo a una mujer a cambio de una plaza fija en la institución provincial. A este respecto, ha pedido que se lleve a cabo una investigación "transparente, profesional, basada en hechos ciertos y objetivos y que acredite las actuaciones y en su caso las comisiones de delitos e irregularidades". "Hay que pedir que no se hagan juicios paralelos, que nadie puede ser acusado sin pruebas", ha apostillado.
Cataluña
Sobre la propuesta de declaración de independencia de Cataluña presentada por Junts pel Sí y la CUP, Catalá ha remarcado que se está presentando un "auténtico desafío" al actual "modelo de convivencia". "Hay una mayoría de ciudadanos que no apoyaron esos movimientos. Si esas declaraciones van adelante el Gobierno ejercerá todos los medios que la Constitución y el Estado de derecho pone a nuestro alcance", ha zanjado.
Preguntado por si deben dimitir los políticos cuando son imputados, ha subrayado que han acabado con la figura del imputado y que ahora es la del investigado. "Que alguien sea denunciado por la comisión de un delito y que un juzgado lo investigue... Esa fase tan inicial no tiene porqué llevar la consecuencia de apartar a una persona de la vida pública", ha opinado, para luego indicar que, "en cuanto se acredite y se pase, por ejemplo, a la fase de juicio oral", entonces "ese es el momento de exigir el apartamiento".
Sobre Podemos y Ciudadanos, considera que son "movimientos espumosos": "Surgen con mucha fuerza pero después se vienen abajo", ha opinado.
Víctimas del Alvia
En una entrevista en La Voz de Galicia, Fernando Suanzes ha sido preguntado por las críticas de las víctimas del Alvia porque el fiscal sólo acusa al maquinista: "Las víctimas, los familiares y los perjudicados del caso Alvia tienen toda la legitimidad jurídica y moral para exigir que se cumplan sus demandas", ha admitido.
Con todo, ha explicado que la Fiscalía actúa "bajo parámetros de imparcialidad y legalidad". "Y de acuerdo con las pruebas practicadas y el desarrollo del procedimiento, la Fiscalía Superior respalda absolutamente al fiscal que ha llevado el caso", ha zanjado.
Cuestionado por el debate sobre el jurado en el caso Asunta, Suanzes se ha pronunciado de este modo: "Por los casos que yo he tenido con jurado, creo que el ciudadano logra meterse dentro del sistema y comprender la trascendencia de lo que va a decidir", ha resuelto.