La Xunta aprobó este jueves la última norma de su plan de impulso democrático anunciado por Alberto Núñez Feijóo en enero. Se trata de la ley que regulará la asistencia jurídica a los empleados públicos y los cargos de la Administración gallega que se vean envueltos en un proceso judicial.
La norma, que ahora se trasladará al Parlamento gallego, determina que será la Asesoría Xurídica de la Xunta -y no solo la consellería de la que dependa el empleado público o cargo en cuestión- la que decida si el imputado es defendido por este servicio. Además, en caso de perder el juicio deberá abonar los gastos generados.
Feijóo indicó, en la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta, que se rechazará la defensa de cualquier empleado público o cargo en cuya actuación haya "indicios" de que ha actuado "contra los intereses de la administración". Hasta ahora esta cuestión se regía por una norma de 1984.
Plan hidrológico
El Gobierno gallego también aprobó el nuevo Plan Hidrológico Galicia-Costa 2015-2020, que prevé una inversión calculada en 655 millones de euros en este periodo.
El presidente de la Xunta afirmó que el documento nace con el objetivo de promover el buen estado de las masas de agua y blindar su protección.
Del total de la inversión prevista, 423 millones de euros los aportará la Xunta y el resto será cofinanciado con otras administraciones. A la mejora del saneamiento y la depuración el Plan dedicará 410 millones de euros, contemplando entre otros proyectos la finalización de la depuradora de la ría de Vigo, la regeneración de la ría de Pontevedra y la finalización de la ría de O Burgo.
El plan, según Feijóo, nace de la "voluntad de diálogo" y destacó que fueron incorporadas en torno a dos de cada tres alegaciones presentadas al documento.