La reunión semanal del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con sus conselleiros ha servido para dar luz verde a un plan enfocado a que las familias con menos ingresos no sufran cortes de luz debido a un impago puntual. Para ello, el Gobierno gallego abonará directamente a la empresa suministradora un máximo de dos mensualidades, a fin de solventar esa "eventualidad". Así lo ha explicado el propio jefe del Ejecutivo autonómico al término del Consello de la Xunta, y ha dado cuenta de que a esta medida podrían acogerse un máximo de 42.000 beneficiarios, perceptores de la Risga o de un sueldo de similar cuantía y que tienen a su cargo menores de 16 años.
De este modo, antes de cortar la luz a una familia, la empresa suministradora deberá comunicarlo a la Xunta para que ésta evalúe si encaja dentro de ese colectivo "vulnerable" y, por tanto, sea la administración la que cubra la deuda.
Se trata, por tanto, de "ayudar a familias que tienen algún obstáculo para pagar en plazo" en un momento determinado, en palabras del presidente. Eso sí, las facturas en cuestión no podrán ser superiores "en más de un 20 por ciento" a las del mismo mes del año anterior.
Desde el inicio del invierno
Si bien el plan no se activará hasta enero de 2016, podrá cubrir las mensualidades del inicio del invierno -noviembre y diciembre de este año-. Además, el presidente ha indicado que esta ayuda puntual se suma al bono energético social, que supone una rebaja de hasta el 40 por ciento de las facturas de luz y gas para 1.700 familias.
Finalmente, ha enmarcado esta actuación dentro de las medidas a favor de los consumidores "más vulnerables", en un contexto económico que dificulta a muchas familias disponer de recursos suficientes para el pago de sus "principales necesidades".
Núñez Feijoo ha informado de otros asuntos abordados por su Gabinete. Entre ellos destaca el nuevo plan de gasificación de la comunidad.
Ese proyecto, que incluye una inversión de 195 millones de euros, prevé que dentro de cinco años la red de gas natural llegue al 82% de los gallegos y a 113 concellos, frente a los 69 actuales. Asimismo, gozarán de acceso al recurso energético 20 parques industriales que ahora no cuentan con él, para totalizar así 63 los normalizados. La longitud del sistema de tuberías pasará de 3.200 a 4.000 kilómetros.