El Servicio provincial de Costas ha ratificado la vigencia de la concesión de Ence en la ría de Pontevedra en su informe definitivo sobre la cuestión de la caducidad de la autorización estatal. Por contra, en dicho informe sí se declara la caducidad de la concesión de un campo de fútbol situado al lado de la Plaza de Os Praceres.
La alcaldesa de Pontevedra en funciones, Carmen da Silva, ha lamentado que Costas no tuviese en cuenta las alegaciones del ayuntamiento, pero ha confesado que el Gobierno local no era "optimista" respecto al futuro de las mismas, ya que "tanto desde el Gobierno del Estado como desde la Xunta llevan tiempo trabajando para poder prorrogar la presencia de Ence en la ría".
"Al final son una unidad de destino en lo universal", ha señalado la regidora en funciones respecto a la presencia de exconselleiros y exministros del Partido Popular en el consejo de administración de Ence.
Tras ser aclarada la vigencia de la concesión, esta resolución de Costas permite que la dirección de la empresa pastera pueda solicitar al Estado la prórroga de la concesión, que en principio finaliza en el año 2018.
Ahora, la estrategia política del Gobierno local es "hacer todo lo que esté en las manos del Ayuntamiento para que Ence salga de la ría", ha declarado Carme da Silva. Además, ha adelantado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudiarán, desde el punto de vista legal, todas las opciones posibles para evitar esta decisión, pero también ha indicado que esta oposición también se mantendrá "desde el punto de vista social".
"Las leyes se pueden modificar"
"Seguiremos batallando para que no se consolide esto", ha anunciado la alcaldesa de Pontevedra, antes de recordar que este año hay elecciones generales y que "las leyes igual que se hacen se pueden modificar" para que la continuidad de Ence "no se perpetre".
Además del Ayuntamiento de Pontevedra, colectivos ecologistas como la Asociación pola Defensa da Ría o Salvemos Pontevedra han alegado contra la vigencia del título concesionario a la fábrica de celulosa.
"Burla sangrienta"
El abogado de Salvemos Pontevedra y portavoz del grupo municipal del PSdeG en el Ayuntamiento de Pontevedra, Agustín Fernández, ha calificado de "burla sangrienta" el contenido de este informe.
Fernández ha dicho tener claro que "aquí hay una directriz política" para no tener en cuenta las cuestiones técnicas "y a eso se pliega el Servicio provincial de Costas".
El edil socialista recuerda que este asunto todavía tiene recorrido judicial. Costas no ha aceptado las alegaciones presentadas contra ninguna de las instalaciones industriales situadas dentro del recinto fabril de Lourizán, como son la planta de cogeneración de energía eléctrica de biomasa, la planta de tratamiento de aguas residuales de la fábrica o las balsas de decantación.
"No se puede ir contra la voluntad de los ciudadanos", ha indicado Agustín Fernández que valoró la decisión de Costas como una "muy mala noticia para Pontevedra".