El Ayuntamiento de Ferrol "llegará hasta el final" para lograr el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de Navantia, tras la sentencia que exime al Ministerio de Defensa y al astillero de pagar este impuesto al Consistorio por la parcela que ocupa. Lo ha manifestado el alcalde, Jorge Suárez, quien "respeta y acepta" el fallo, pero no "comparte" su contenido.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) hizo público su fallo este miércoles, estimando los recursos de Navantia y el Ministerio de Defensa y eximiendo, por lo tanto, al astillero de pagar el tributo adeuda en los ejercicios 2010 y 2011, que supone un total de 1,1 millones de euros.
Suárez ha anunciado una reunión inmediata con los servicios jurídicos del Ayuntamiento para estudiar la sentencia y "recurrir esta decisión", reclamando que se abone el Impuesto de Bienes Inmuebles por parte de Defensa, "como todas las administraciones".
El regidor ha admitido que la sentencia condenatoria a Navantia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Ferrol, "iba en la línea de la argumentación de la comisión europea" y, por lo tanto, se ajustaba más a la situación de competitividad de la empresa pública que el fallo el TSXG no consideró ventajosa como para darle la razón al consistorio.
"Existen exenciones exageradas como las de Defensa o las de la Iglesia Católica que suponen una discriminación para los ciudadanos", ha señalado, con la convicción de que Navantia tendría que abonar el impuesto "como lo hacen todos los ferrolanos".
"Un obstáculo para Ferrol"
Según el portavoz del grupo municipal del BNG en Ferrol, Iván Rivas, la exención del pago del IBI por parte de Navantia es un reflejo más de "los grandes obstáculos que supone para el crecimiento de Ferrol la dependencia del Estado".
El nacionalista ha denunciado que el Ministerio de Defensa dispone del 20 por ciento del suelo de la ciudad naval y que supone un "déficit de estructuras y de ingresos" para el Consistorio.
Rivas ha advertido que esta situación requiere de una solución "más de carácter político que judicial", abogando porque sea Jorge Suárez quien lidere un proceso en el que se reclame del Ministerio de Defensa que "deje de recurrir las sentencias y perjudicar así a los vecinos", que dejarían de percibir los tributos que les corresponden.