La doctrina del PSOE es que cualquier socialista imputado en un caso de corrupción tiene que dejar su cargo público. Si Besteiro se ha cansado de hacer cumplir esta norma sin excepciones; ahora, en un caso tan doloroso para él, al estar imputado en la operación Garañón, debe dar ejemplo.
Esta firmeza contra la corrupción ha sido asumida por los dirigentes del Partido Socialista como principio de actuación ineludible para frenar el desgaste y el descrédito de la política y, consecuencia obligada, para hacer frente al ascenso electoral de partidos emergentes, que han encauzado a su favor la indignación ciudadana ante la crisis y las corruptelas.
Si Besteiro no tenía otra salida que adoptar la medida aprobada por el PSOE, ahora él mismo ve perjudicada su imagen, víctima del estado de la opinión pública que exige iniciativas drásticas y ejemplarizantes contra todo político implicado, en el grado que sea, en actuaciones irregulares de utilizar sus cargos institucionales para lucro personal.
Ya hace tiempo que los políticos han perdido un derecho tan elemental como la presunción de inocencia y que el pensamiento social ha confundido la responsabilidad política de los gestores públicos con sus responsabilidades penales, que no pueden ser demostradas y dilucidadas más que a través de un juicio justo y con todas las garantías legales, tal y como establece un Estado de derecho.
Por eso, sustraerse a la corriente dominante para hacer una excepción con el líder del PSdeG es hacerle un flaco favor al partido y a la regeneración política. Un imputado debe dar ejemplo, y esto lo dice el propio Besteiro.