Agentes de la policía judicial, acompañados de la secretaria del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, cuya titular es Pilar de Lara, han irrumpido de nuevo este jueves en la Diputación de Lugo para requerir documentación. Según apuntan a Europa Press fuentes provinciales, la documentación requerida es amplia y se retrotrae hasta enero de 2003, de forma que se han solicitado contratos formalizados desde ese año hasta la actualidad, la relación de puestos de trabajo con nombre y DNI y todos los ingresos y pagos de la Diputación de Lugo. Además, ha sido devuelta bastante documentación de la operación Pulpo, en relación al proyecto K-0 -algunas fuentes apuntan a que en torno de una veintena de cajas-. A estas oficinas también se ha dirigido la comitiva judicial.
Pasadas las 14:00 horas la policía judicial permanecía en las dependencias provinciales y había pasado por la secretaría provincial, donde los agentes se hicieron con "alguna caja -de documentación- para llevarse".
Según fuentes consultadas, la entrada se produjo sobre las 11:00 horas y ante la ausencia de la presidenta, la popular Elena Candia, la comisión judicial fue atendida por el vicepresidente y exalcalde de Sarria, José Antonio García.
"Máxima colaboración" de Elena Candia
Precisamente, en declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta de la Diputación de Lugo ha dicho que se está procediendo al volcado informático de ordenadores y se requiere documentación "de la etapa del anterior gobierno", presidido por el socialista José Ramón Gómez Besteiro, aunque las fuentes consultadas señalan que la información solicitada este jueves abarca hasta enero de 2003, último mandato del popular Francisco Cacharro.
Elena Candia ha ofrecido "máxima colaboración y transparencia" a la Justicia y así ha explicado que la comisión judicial fue acompañada por el vicepresidente y otro diputado, "ambos con formación jurídica". "Para facilitar todo lo que esté en nuestra mano con total transparencia y colaboración como no puede ser de otra forma", agregó.
Otros registros
Este nuevo registro en demanda de documentación sucede después de otros registrados durante la presidencia de Gómez Besteiro, como el de noviembre del pasado año, en el que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entraron en la Diputación y realizaron volcados informáticos y recogida de documentación sobre el programa de visitas K-0 y otras actividades.
Anteriormente, en mayo de 2014, el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo desplazó también a agentes policiales a la Diputación para requerir un volcado informático en la unidad de proyectos, en el marco de la investigación por el desvío de miles de euros en las obras de la piscina y el polideportivo de Monterroso.
Ya durante el gobierno del barón popular ya fallecido Francisco Cacharro, la operación Muralla constituyó la primera de las grandes investigaciones desarrolladas en Lugo y se centró en el departamento de Vías y Obras, desde donde supuestamente se desvió la redacción de proyectos de viales a una empresa privada a la que, según la policía, estarían vinculados los otros los acusados.