La puntualidad y la regularidad con que cada verano se producen los incendios en Galicia llevan muchas veces a pasar de largo o minusvalorar un problema que tiene muy graves consecuencias tanto económicas como ecológicas, por no hablar de humanas que se cobran los siniestros.
Solo cuando los incendios alcanzan la magnitud de los registrados estos días parece que tomamos conciencia pública de la importancia que verdaderamente tiene que el fuego arrase más de 300 hectáreas en 48 horas.
No se puede hablar de falta de prevención por parte de las administraciones. En líneas generales, y por mucho que se critique, la rápida y eficaz actuación ante los siniestros basta para darse cuenta de los avances realizados en esta materia en la Comunidad gallega.
Aun así, resulta innegable que las medidas de vigilancia y prevención tomadas no son del todo suficientes y que hay que aumentar la inversión en la lucha contra el fuego y la dotación de medios para mejorar su efectividad.
La prevención y la educación ciudadana resultan por tanto absolutamente indispensables (no pueden descuidarse tampoco las campañas publicitarias y pedagógicas), pero no son suficientes.
No podemos olvidar que una buena parte de los incendios forestales son provocados, y hay que luchar tanto en el frente policial como en el legislativo. Y, por supuesto, en el judicial.