Un nuevo caso ha bastado para encender la señal de alarma. Nos referimos a la violencia de género, una de las lacras sociales más complejas de erradicar y que los planes y medidas puestos en marcha hasta la fecha, aunque hayan logrado avances, no son suficientes, ni se puede bajar la guardia.
Una de las áreas más afectadas por la gestión política de la crisis ha sido la de las políticas y planes de igualdad, lo que ha provocado el parón de muchas de las campañas dirigidas a concienciar a la sociedad de que la violencia contra las mujeres no es un problema doméstico, ni afecta solo a determinados colectivos o víctimas con un perfil concreto.
La última macroencuesta del CIS saca a la luz que, aparte del preocupante aumento de la cifra de mujeres que dicen haber sufrido violencia, ha descendido hasta la adolescencia la edad en la que comienzan a ser víctimas de algún tipo de agresión.
Colectivos, partidos políticos y agentes sociales han alertado de que los resultados de este último estudio son muy preocupantes y prueban que la sociedad todavía no ha superado el grave problema de la violencia de género.
El último caso de la mujer asesinada en un hospital de Ourense ha elevado las protestas en Galicia. La Xunta descarta "responsabilidades" y asume que "nunca se pueden evitar al 100%" todos los casos. Pues no es así, señor Rueda. Lo primero es investigar los hechos y después exigir responsabilidades. Eso, como mínimo. Y como responsabilidad política.
Porque, incluso, son los propios jueces los que piden revisar los mecanismos de prevención y una mejor coordinación entre los distintos intervinientes en la lucha contra la violencia de género. En cualquier otro asunto político se puede esperar para ver resultados; en la violencia y en el asesinato de mujeres, desde luego, no.