Las asociaciones judiciales en Galicia -Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia y Francisco Vitoria- han demandado este martes, tras el crimen sucedido en Ourense en el que un hombre está acusado de matar a su mujer cuando estaba hospitalizada, la "convocatoria urgente" de la Comisión Gallega de Policía Judicial, con el fin "de revisar los mecanismos de coordinación en vigor y profundizar en nuevos mecanismos que permitan evitar situaciones como las que desgraciadamente se ha producido".
Así lo reivindican en un comunicado conjunto en el que trasladan sus condolencias a la familia de fallecida y exigen "prudencia a la hora de valorar actuaciones que sólo pudieron atender a los datos conocidos". "Es demasiado fácil prever lo que podía suceder cuando se sabe lo que sucedió, por lo que reclamamos prudencia a la hora de valorar decisiones adoptadas cuando aún no se conocían la totalidad los datos que ahora han trascendido", reivindican.
En este sentido, han expresado su "repulsa ante cualquier acto de violencia de género" y han reiterado su "compromiso con valores contrarios a cualquier manifestación de la misma". "Enviamos, también, nuestras condolencias a la familia de la mujer asesinada", añaden.
Según explican en su comunicado conjunto, los juzgados gallegos, bien a través de los órganos especializados en violencia de género o de los propios juzgados de instrucción, "adoptan diariamente, dentro del marco legal, las medidas de protección que se consideran adecuadas para evitar y proteger a las víctimas". "La adopción de esas medidas necesita de la actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la aportación de la información precisa para su adecuada gestión", subrayan las asociaciones judiciales de Galicia después del crimen de violencia de género ocurrido en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).
Al respecto, añaden que los jueces, como integrantes del Poder Judicial, ejercen su "labor dentro de los principios de independencia e imparcialidad". Por ello, recalcan que "cualquier resolución dictada por un órgano judicial se encuentra enmarcada por el respeto a la ley y a los derechos fundamentales".
Más medios
Así, indican que las medidas restrictivas de derechos "solo pueden ser adoptadas en el curso de un proceso penal cuando existen indicios racionales de criminalidad, sin que sea suficiente la mera sospecha sin acreditación indiciaria". "Por ello, es especialmente necesario reivindicar una vez más dotación de medios a las Unidades de Policía Judicial que les permita reunir todos los datos precisos con la mayor celeridad", demandan.
Asimismo, hacen hincapié en el "carácter excepcional del suceso acontecido en Ourense", en el que inicialmente, según recuerdan, "se planteó una agresión por un tercero en el marco de un robo" y, por ello, "se desarrolló al margen de las previsiones referidas a los delitos de violencia de género", puntualizan.
"Sucesos como el acontecido no pueden quedar al margen de la reflexión y de la mejora en la coordinación de los distintos intervinientes en la lucha contra la violencia de género", concluyen.