El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogará este miércoles en calidad de imputado al socio auditor de BDO Auditores Santiago Sañé por un supuesto delito de falseamiento de información económico-financiera en el marco de la causa en la que investiga a la pesquera por la emisión de unas cuentas anuales que no reflejaban la imagen fiel de la compañía y llevaron a los inversores a adquirir paquetes de acciones, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El magistrado, que tomará también declaración en calidad de testigo a Elena Soler, una empleada de Madrid Leasing, dependiente de la entidad Bankia, investiga a la cúpula de la multinacional y a la auditora BDO, que revisó sus cuentas desde 2001. La firma gallega entró en concurso de acreedores en abril de 2013 para abandonar la suspensión de pagos un año después y comenzar su reestructuración.
BDO Auditores presentó su renuncia como auditor de las cuentas anuales de Pescanova y sus sociedades en octubre de 2014, después de que meses antes el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) decidiera abrir un expediente sancionador a ella y a Sañé por posibles infracciones técnicas graves en su labor de auditoría, en concreto en la correspondiente a las cuentas anuales de 2011.
Ruz imputó en octubre de 2013 a BDO Auditores y al socio auditor Santiago Sañé por un presunto delito de falseamiento de información económica-financiera, tras haber admitido "parcialmente" la querella interpuesta por el fondo de inversión Cartesian, que cuenta con el 5% de la multinacional, contra la auditora de la pesquera por haber sufrido un perjuicio patrimonial de 23 millones de euros.
Sañé será preguntado como "firmante de los informes emitidos por BDO" en los ejercicios 2009, 2010 y 2011, por su presunta participación en "un delito de falseamiento de cuentas anuales" y un "delito de falseamiento de información económica financiera", según el auto de imputación fechado el pasado febrero.
Imputados
En esta causa, el juez ha imputado a su expresidente Manuel Fernández de Sousa, a seis consejeros y tres directivos por los delitos de falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de las cuentas anuales y uso de información relevante. Fernández de Sousa se enfrenta además a una imputación por falsedad en documento mercantil.
La Audiencia Nacional impuso el pasado otoño el pago de una fianza solidaria de 158,53 millones de euros tras haber desestimado la Sección Tercera el recurso presentado por el ex presidente de Pescanova contra la decisión adoptada en enero por Ruz, según la cual debía asumir la caución Fernández Sousa-Faro, el consejero Alfonso Paz-Andrade, Fernando Fernández Sousa, Robert Albert Williams, Antonio Táboas, Joaquín Viña, Alfredo López e ICS Holding Limited. A ellos se suman Carlos Turci, Alfonso García Calvo y Ángel González Domínguez.
Uso de información relevante
Fue en mayo de 2013 cuando Ruz imputó al grupo alimentario como persona jurídica al asegurar en un auto que los administradores de Pescanova "valiéndose de la información reflejada en las cuentas anuales (...) que no se ajustaba a la realidad" proporcionaron públicamente una imagen irreal de la situación económica de la empresa, lo que condujo a los querellantes a adquirir paquetes de acciones. De hecho, añadía que entre los meses de agosto de 2012 y enero de 2013 varios analistas financieros recomendaron la inversión en estos valores en base a estos datos falsos.
Los accionistas que presentaron las querellas admitidas acusan específicamente a la entidad Sabadell BS Bolsa FI de haber procedido a la venta masiva de títulos de la compañía coincidiendo con una subida mientras aconsejaban la compra a sus clientes "por lo que consideran que podrían haber utilizado información reservada".
Ruz agregó que las cuentas anuales de los ejercicios 2008, 2010 y 2011, los folletos informativos y otros informes financieros "no reflejaban la imagen fiel" de la compañía como se deduce del hecho de que sólo unos meses después su presidente comunicara a la CNMV su decisión de no formular sus cuentas de 2012 y manifestara sus dudas sobre la propia continuidad de la empresa.
Los querellantes denunciaron que algunos de los querellados vendieron acciones de la multinacional pesquera antes de que su situación económica se diera a conocer públicamente "con el fin de evitar pérdidas en sus patrimonios personales y plenamente conocedores de la verdadera situación económica de la entidad".