El funcionamiento de la Justicia en Galicia ha quedado en entredicho con el aluvión de informaciones que han jalonado en menos de 48 horas. El procedimiento incoado en el Tribunal Superior contra la diputada y exportavoz del PP, Paula Prado, ha concluido y no ha encontrado "la comisión de delito alguno" por parte de la política popular, cuya causa fue elevada al alto tribunal por el juzgado que instruye la Pokémon.
Tan solo 24 horas después, la Audiencia hacía pública una sentencia en la que absuelve a los sietes exediles del PP de Santiago, que fueron condenados en su día a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación por acordar el pago de la defensa de otro edil, imputado también en la Pokémon.
Muchas veces censuramos a la Justicia porque los juzgados sufren un atasco difícilmente comprensible por los ciudadanos que se ven afectados por ciertos litigios. Pero cuando se trata de "macropocesos", con políticos imputados en presuntos casos de corrupción y con la desafección de la ciudadanía hacia la clase política, es algo más grave. Algo que lleva a pensar en esa independencia tantas veces demanda para la Justicia.
Porque, después de un largo recorrido, las conclusiones del TS y de la Audiencia ponen, cuando menos, en evidencia parte del proceso instructor de una causa en la que hay más de un centenar de implicados.
Es cierto que la falta de recursos, tanto humanos como técnicos, desemboca en una lentitud exasperante del engranaje jurídico. Pero en las llamadas "causas generales" -como son todas las tramas sobre corrupción- en que se convierten las concienzudas instituciones judiciales, los políticos pretenden, pura y llanamente echar balones fuera eludiendo sus responsabilidades políticas. Por eso, no extraña que algo falle en el sistema judicial.
Algo que lleva a pensar en esa independencia tantas veces demanda para la Justicia. Por eso, no extraña que algo falle en el sistema judicial.