El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha ceñido al ámbito "personal" la investigación que atañe al presidente de la Diputación de Pontevedra y del PP pontevedrés, Rafael Louzán, si bien ha advertido de que "este candidato o presidente de la Diputación o cualquier otro presidente o candidato futuro tendrá que responder" cuando la Justicia le demande "cualquier información".
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cambados ha acordado seguir adelante con el procedimiento contra Louzán, su esposa y el diputado popular Severino Reguera, a los que el fiscal acusa de un delito de cohecho por el sobrecobro en los alquileres de unos bajos propiedad del presidente provincial.
Los tres imputados comparecieron durante dos horas y media ante el juez que instruye el caso, quien ha escuchado las acusaciones de la Fiscalía y las alegaciones de los abogados defensores. Tanto Rafael Louzán como su esposa y Reguera se han acogido al derecho a no declarar, pese a que a la entrada al juzgado el dirigente popular había comprometido "colaboración total" con la Justicia.
Preguntado al respecto, Feijóo ha asegurado "desconocer" la estrategia de sus abogados. "Si es hablar en otro momento procesal seguro que hablará en otro momento procesal", ha remarcado, antes de remitirse "a las explicaciones que dio" y que -ha augurado- "seguirá dando personalmente". "Porque le afecta a título personal esta investigación", ha apostillado.
Responder a las peticiones judiciales
Ante la pregunta directa de si Louzán queda invalidado para repetir como candidato del PP a la Diputación provincial, Feijóo ha evitado responder y ha reiterado que "los asuntos personales tienen que tener una respuesta en el ámbito personal".
A renglón seguido, se ha mostrado "convencido de que este candidato o presidente de la Diputación o cualquier otro presidente o candidato futuro tendrá que responder cuando se le pida cualquier información por parte del juzgado".
Por último, sin aclarar expresamente si Louzán repetirá o no como candidato, sí ha aludido al reciente pronunciamiento judicial que no ve "delito alguno" en el comportamiento de la diputada Paula Prado, investigada a raíz de la operación Pokémon, y ha señalado que se da después "de un año de dejar sin efecto la honorabilidad de una persona que era plenamente inocente".