El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cambados ha acordado seguir adelante con el procedimiento contra el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, su esposa y el diputado popular Severino Reguera, a los que el fiscal acusa de un delito de cohecho por el sobrecobro en los alquileres de unos bajos propiedad del presidente provincial.
Los tres imputados han comparecido este miércoles durante dos horas y media ante el juez que instruye el caso, quien ha escuchado las acusaciones de la Fiscalía y las alegaciones de los abogados defensores. Tanto Rafael Louzán como su esposa y Severino Reguera se han acogido al derecho a no declarar.
Tras escuchar a las partes, el juez ha acordado continuar el procedimiento por la ley jurado al tiempo que ha solicitado a los acusados que presenten nueva documentación relativa al caso.
Al finalizar la comparecencia, el presidente de la Diputación y del Partido Popular de Pontevedra ha manifestado que la situación procesal "es más o menos la misma que la de hace dos meses", si bien ha reconocido que el juez lejos de cerrar el caso "ha solicitado nuevas diligencias".
Contrato privado
El presidente de la Diputación ha reconocido que su situación actual es la de imputado y ha reiterado su voluntad de colaborar y aportar toda la documentación que se le solicite.
Ha insistido en que el caso nada tiene que ver con su labor al frente del organismo provincial sino que se circunscribe "al ámbito estrictamente privado". Así, ha señalado que "ninguna de las decisiones" que él ha "tomado desde la Diputación tienen relación con este caso", y ha matizado que el alquiler de los bajos objeto de la denuncia "es un contrato mercantil firmado por una sociedad y dos particulares".