El presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, su esposa, y el diputado provincial del PP y concejal de Pazos de Borbén, Severino Reguera, han sido citados para comparecer este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 2 de Cambados, según ha confirmado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
La comparecencia prevista para este miércoles se ajusta al paso que recoge el artículo 25 de la Ley del Jurado, una vista preliminar en la que los imputados son informados de los hechos que se les atribuyen -en este caso en la querella que hace algo menos de un año presentó el fiscal y en la que se les imputa un supuesto delito de cohecho- y donde los letrados pueden ejercer el derecho a defensa.
Tras esta comparecencia, una vez oídas las partes, el magistrado decidirá si corresponde el archivo de la causa o la continuación del procedimiento, en cuyo caso se tomará declaración a los imputados.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cambados había admitido a trámite en mayo del año pasado la querella presentada por Fiscalía contra Louzán, su esposa y el diputado provincial del PP y concejal de Pazos de Borbén, Severino Reguera. La petición de archivo de las diligencias por parte del dirigente popular fue rechazada en febrero.
Fiscalía presentó la querella tras investigar, a raíz de una denuncia anónima, posibles sobreprecios en el alquiler de unos bajos propiedad de Louzán y su esposa en la calle de As Teixugueiras, en el barrio vigués de Navia, a su compañero de partido y en la Diputación de Pontevedra.
Cuando Fiscalía decidió la presentación de una querella, el fiscal especializado en delitos económicos había avanzado que ésta incluiría la petición expresa al juez de que citase a declarar a Louzán y a Reguera como imputados.
Cohecho
El TSXG confirmó en su día que la querella de Fiscalía contra Rafael Louzán (PP) y su esposa, María Teresa C.F. es por cohecho continuado, mientras que en el caso de Severino Reguera Varela, quien también es empresario que cuenta con varios despachos de panadería y pastelería en distintas localidades de Pontevedra, es por cohecho impropio continuado.
Antes de la admisión a trámite de la querella, Louzán había comparecido a mediados de marzo ante el fiscal de delitos económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, en relación a este caso.
Tras su comparecencia había dicho públicamente que "en principio está todo en orden" y que se trata de "una contratación reglada que se hizo a través de una asesoría de Pontevedra", que fijó los precios a pagar por el alquiler a partir de un estudio de mercado.
El presidente de la Diputación de Pontevedra también había destacado que se trata de una cuestión que pertenece "al ámbito privado" y que "nada tiene que ver" con la institución que preside. Según la denuncia anónima remitida a la Fiscalía, el precio que se estaría pagando por el alquiler por los locales comerciales estaría por encima de lo que establece el mercado para lo habitual en el barrio de Navia.
De esta forma, el juez deberá dilucidar si se trata simplemente de un negocio privado o si pudiese haber algún tipo de dádiva detrás del pago de estos arrendamientos. En concreto, la querella contra Louzán y su esposa es por los delitos de cohecho continuado del artículo 422 del Código Penal y de cohecho impropio continuado del artículo 424 para el Reguera Varela.