La Audiencia Provincial de Orense ha emitido un auto que revoca el archivo de la causa de las depuradoras de la Diputación Provincial porque considera que la investigación desarrollada por el juez instructor "fue escasa", además de otros argumentos explicados en un auto que no admite recurso y que ordena "seguir" la instrucción con nuevos testimonios.
Según el tribunal que dictó la revocación del archivo, el instructor "tan sólo" tomó declaración como imputado o testigo, a implicados en las contrataciones, pues fueron técnicos de la Diputación de Orense -uno de ellos el único imputado antes del archivo- y representantes de las empresas "interesados en diluir sus posibles responsabilidades" en las irregularidades que fueron denunciadas por la Oficina Europea Antifraude (Olaf).
La Sala explica también que "no comparte" la "cuestionable" separación de la causa que hizo el entonces juez instructor Antonio Piña, pues dictó el archivo en lo relativo a la licitación y adjudicación de las cien plantas depuradoras de los programas europeos Daredo y Deputrans, y mandó seguir la instrucción respecto a la contratación de los técnicos que revisaron los proyectos e instalación -las asistencias técnicas-.
Además, los magistrados argumentan que "se está en presencia de una sola causa" pues la imputación es a un organismo de la administración local "por contrataciones íntimamente relacionadas, y subvencionadas con los mismos fondos Feder, y adjudicadas a las dos mismas empresas SMA y Netglobal", y ambas del mismo grupo de empresas Netaccede.
Declaración de los investigadores
La Audiencia considera "necesario" tomar declaración a los investigadores que hicieron el informe "sobre el que se asienta toda la causa", en relación al estudio de la Olaf en el que se detallan "indicios penales" en el procedimiento seguido en la Diputación para licitar y adjudicar las depuradoras y las asistencias técnicas, en los años 2003 y 2004.
El auto recuerda que la Olaf, en su informe, alude a "graves irregularidades" detectadas y las resume en el "claro favorecimiento de unas empresas, del mismo grupo, excluyendo toda posible competencia de otras" y tales acusaciones son "en sí mismas, importantes indicios de comisión criminal".
Esas acusaciones, según el escrito judicial, no quedaron "desvirtuadas" en la instrucción, donde "sólo" consta un informe inicial que no aborda "ni mínimamente" las cuestiones "que se ventilan" en esta causa. "Sólo cabe decretar el archivo de la causa en el momento en que la instrucción se haya concluido, en relación a ambas contrataciones" -depuradoras y asistencias técnicas- y en el caso de que de la investigación "se desprenda que no median indicios delictivos", según recoge el auto.
En ese sentido, insta a "proseguir la instrucción", con nuevas declaraciones tal como pidió el denunciante, que fue el grupo socialista de la Diputación, relacionadas con las "irregularidades detectadas en ambas contrataciones", sin que eso suponga "cuestionar decisiones políticas, quizá no afortunadas, a la vista de la inoperatividad de las depuradoras instaladas", pero que sería un aspecto que "excede con mucho" la jurisdicción penal.
Imparcialidad garantizada
El auto de la Audiencia provincial señala, como cuestión previa en sus fundamentos, que la "imparcialidad de la sala está garantizada", ante el hecho de que el actual presidente de la Audiencia, Antonio Piña, fue el juez que hizo la investigación en instrucción y luego archivó parcialmente, el caso. Esa "imparcialidad" se basa, en este caso, en el "correspondiente turno de reparto, sin necesidad de acudir a los mecanismos de la abstención o recusación", pues el tribunal al que tocó decidir, no incluye al juez Piña.
El auto de archivo parcial que Antonio Piña dictó en diciembre, se dio a conocer 48 horas antes de que tomase posesión como presidente de la Audiencia Provincial. Ahora la instrucción se reabrirá en el Juzgado de Instrucción número 2, que aún no cuenta con titular sino con jueza sustituta.
La causa judicial de las depuradoras responde a la denuncia de PSOE y BNG de la Diputación, de los que está personado el grupo socialista. Se basó en la investigación desarrollada por la Olaf sobre el uso de los 10,12 millones de euros de fondos Feder destinados a la instalación de depuradoras compactas en pequeños núcleos de población de Orense y norte de Portugal.
La Olaf detectó irregularidades y recomendó la determinación de posibles ilícitos penales en el proceso administrativo desarrollado por la Diputación de Orense entre los años 2003 y 2004 para adjudicar la compra e instalación de las depuradoras, y para adjudicar, a una empresa del mismo grupo, la contratación de diez técnicos que redactaron las fichas técnicas de los municipios en los que se instalaron las depuradores, los proyectos de obra civil y la dirección de obra.