El PP reclama que Caballero explique el caso Silva en un pleno especial

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Vigo solicitará que se celebre un pleno extraordinario para que el gobierno local dé explicaciones sobre la imputación de tres altos funcionarios del consistorio vigués, en el marco de una investigación judicial por supuestas irregularidades en la contratación de personal de los centros cívicos municipales.

A través de un comunicado, el Grupo Municipal Popular ha subrayado que el alcalde y su equipo "están en la obligación de dar explicaciones urgentes y contundentes a los vigueses sobre la situación generada en el Ayuntamiento tras conocerse la imputación de los dos últimos interventores, un jefe de servicio, y la cuñada de la primera teniente de alcalde".

El PP considera que "está en entredicho el normal funcionamiento" de la administración local, por eso pide a Caballero y su gobierno que se expliquen ante el pleno de la Corporación. Además, pedirán que se adopte una resolución en la que Abel Caballero "diga qué medidas pretende adoptar y qué responsabilidades piensa exigir".

Por otra parte, IU también ha pedido que se den explicaciones en Pleno, y que se constituya, en el próximo mandato, una comisión municipal especial para elaborar un informe "que venga a poner luz y taquígrafos también sobre los procesos de elaboración de los pliegos, adjudicación y seguimiento de las contrataciones públicas otorgadas a empresas que figuran en el centro de investigaciones judiciales, como la operación Patos".

El Juzgado de Instrucción Número 7 de Vigo mantiene una investigación abierta sobre supuestas irregularidades en la contratación de personal en una concesionaria que prestaba servicio en los centros cívicos municipales. Una de las testigos que compareció previamente ante la Fiscalía, había señalado a la cuñada de Carmela Silva, como beneficiaria de un contrato laboral, por el que cobró una nómina durante unos cinco años, sin acudir a trabajar más que unas pocas semanas.

Además de esa mujer, el juzgado ha imputado a un jefe de servicio del área de Empleo y Participación Ciudadana, y a otros dos altos funcionarios. En el marco de esa investigación, sobre la comisión de los supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, se ha citado a declarar a los imputados el próximo 26 de marzo.