Galicia es la segunda comunidad de España con más conductores sorprendidos ebrios al volante. El pasado año, la DGT denunció a más de 9.000 gallegos por superar la tasa de alcohol permitida. Pero si entre la ciudadanía está mal, porque es un peligro, los políticos deberían predicar con el ejemplo, pero no lo hacen. Algunos han asumido responsabilidades políticas; otros no, siguen en sus puestos.
Los representantes públicos son los encargados de redactar y hacer cumplir las leyes. Cuando uno de estos servidores del bien común se las salta el impacto en la sociedad es demoledor, por eso no son tan importantes las reacciones contundentes cuando transgreden la norma. Pero no por el hecho de expirar el pecado, sino por el ejemplo que se da a la ciudadanía.
El concejal de Ames Bernardo Moar presentó su dimisión como edil tras haber sido cazado ebrio al volante. Esta respuesta, que ha sido aceptada y ratificada por su partido, contrasta con las actitudes que en casos similares, o incluso más graves, no han mantenido políticos de su misma formación o de otros partidos. Porque los hay, y porque otros cargos públicos que dieron positivo en pruebas de alcoholemia mientras conducían han tenido hasta el respaldo de sus superiores.
Uno de los más célebres asuntos que dan fe de estos casos fue el macroproceso de las multas de Lugo en el que había varios expedientes relacionados con sanciones por alcoholemia. Instruido por la juez Estela San José pasó a mejor vida; es decir, se cargaron todo el proceso.
Santa Comba, Santiago, Mugardos y ahora Ames, era lo último que le faltaba al PP, tener en sus filas concejales y alcaldes que se pasan de copas. Claro que algunos, como el señor Espadas, incluso se duermen al volante.