El Juzgado de Instrucción número 1 de Orense ha citado a declarar como imputado por un posible delito de prevaricación al exedil de Urbanismo Ricardo Campo Labrador, que ejerció su cargo entre los años 2000 y 2002 en uno de los gobiernos del PP y fue denunciado, con otros exconcejales y regidor, por la socialista Áurea Soto, en septiembre de 2014.
Fuentes del TSXG indicaron que la citación está fijada para el 5 de marzo y en el mismo auto, el juez instructor llama a declarar como testigo al que fue secretario municipal hasta 2002, durante los sucesivos gobiernos del PP con el alcalde Manuel Cabezas, Mariano Rodríguez.
La del exedil Campo Labrador es la primera declaración en calidad de imputado en este caso, por el que ya declararon como testigos la propia denunciante -a su vez exedila de Urbanismo- y un arquitecto municipal y un técnico, autores ambos de un informe de 2004 en el que se detallan 15 actuaciones urbanísticas en las que el Ayuntamiento de Orense no exigió la cesión del 10 por ciento a los promotores.
En sus declaraciones como testigos en noviembre, los técnicos explicaron que las cesiones de ese porcentaje de las actuaciones no se hacían en base a un informe del que era secretario general del ayuntamiento, aunque eran obligatorias desde que entró en vigor la ley del suelo de Galicia de 1997.
Denunció malversación
En su denuncia de septiembre de 2014, Soto atribuyó un posible delito de malversación de fondos al exalcalde Manuel Cabezas, a los exediles de Urbanismo Fernando Díaz Salcedo -desde 1997 a 1999- y Ricardo Campo Labrador -entre 2000 y 2002- y al exsecretario ahora convocado como testigo.
La denuncia se refería a un total de 15 actuaciones, recogidas en el informe de los técnicos municipales, que suponían una aportación conjunta al patrimonio municipal de 1,6 millones de euros entre los años 1997 y 2002.
La denuncia incluía un informe del Consello de Contas de Galicia del año 2004 que fiscalizó el urbanismo de Orense entre 1999 y 2002 y en el que se advierte "de ese incumplimiento" de la ley, pues considera "irregular" la no exigencia de 6.975 metros cuadrados de aprovechamiento para el ayuntamiento, de un total de 69.755,8 metros cuadrados de suelo urbanizado, según el informe.