Los grupos parlamentarios no pueden pretender que la acritud dialéctica sea el detergente contra sus deplorables actuaciones en la Cámara. Hemos vivido otro pleno deplorable y bronco. Al margen de Beiras, que hace años no está en lo que debe estar.
El portavoz socialista y el presidente de la Xunta protagonizaron un lamentable espectáculo de arrojarse a la cabeza los trastos del tú más, sin siquiera esbozar un atisbo de remedio al cáncer que asola la política y descompone las instituciones. En una demostración manifiesta de irresponsabilidad e incapacidad para detener la metástasis de la corrupción, tanto el PP como el PSOE parecen limitarse -quién sabe si en actitud premeditada- a describir la paja en el ojo ajeno e ignorar la viga en el propio, a pesar de que ambas formaciones han protagonizado casos escandalosos que afectan no solo a miembros de sus estructuras, sino también de sus finanzas.
El hecho de que la polémica en torno a las ayudas de emergencia social y, más concretamente, a las personas acogidas a la ley de dependencia, que ayer vivió otro capítulo en el Parlamento gallego, se extienda ya excesivamente e innecesariamente prolongada salvo para el turbio interés electoral que la provocó, no debe impedir que se analice la misma en toda su crudeza ni siquiera por evitar estimular el peligroso populismo que algunos impulsan.
Porque sentados los datos, el presidente gallego afirma que con 2.000 millones menos que el gobierno del bipartito, la proporción de dependientes con ayuda aumentó del 30 al 68,5%. La simple consideración porcentual parece que algo se avanzó. Pero pretender centrar la, además de inmoral, ilógica desde el punto de vista de restricción de las ayudas a colectivos concretos, denota la absoluta falta de ética de quienes juegan con estas personas para provecho electoral.
Y es eso y no otra cosa lo que pretenden Xunta y oposición, azuzando la polémica sobre ayudas sociales. Por eso ayer, el ridículo volvió el Parlamento gallego.