Fue el de ayer un día pródigo en noticias relacionadas con la corrupción que se extiende por todos los rincones de Galicia. La juez que investiga el caso de la operación Zeta, una red mafiosa dedicada a servirse de las subvenciones de los cursos de formación, quiso sentar en el banquillo al principal imputado. Pero Gerardo Crespo, una vez más, se negó a declarar ante su señoría. Utilizando una contraofensiva sin precedentes cargó contra Feijóo y Mato, a los que acusó de mentir y amenazó con emprender acciones judiciales contra la conselleira. En su delirio se chuleó que trabajaba con Pachi Lucas, el famoso conseguidor y, por si fuera poco, denunció una "corrupción crónica" en el PP.
Esta es una noticia de calado que abona la tesis más tremendista sobre la corrupción y su relación con la creciente desafección de la ciudadanía respecto a los políticos.
Por supuesto que la presunción de inocencia debe prevalecer por encima de todo. Estar imputado en un proceso no significa más que la juez, como es el caso, concede a la persona implicada la capacidad de defenderse ante unos indicios que podrían resultar inculpatorios de ser probados.
Pero, habiendo insistido en el derecho a la presunción de inocencia del todo imputado, es evidente que la investigación ha llegado a un punto que confirma la existencia de una trama organizada que se beneficiaba del dinero público (en la que está incluido Crespo). Un fenómeno, por desgracia, bastante extendido.
Desde que estalló este rocambolesco escándalo, en el que están imputados exaltos cargos de la Xunta, ha llegado la hora de que los dirigentes políticos y los partidos acaben de una vez por todas con el cáncer de la corrupción. Pero al margen de unas propuestas, como las llevadas a la Cámara por el presidente Feijóo la pasada semana, para trabajar en esa dirección de un pacto de objetivos, poca cosa más se ha hecho.
El caso es que ahora empieza la otra Zeta: la judicial, que nos puede deparar muchas más sorpresas. Ojalá nos equivoquemos, por el bien del sistema democrático. Pero la responsabilidad política, que sí existe, está en manos de los políticos. La sociedad espera una respuesta.