Crespo apela a su “inocencia” y se niega a declarar ante el juez

El empresario coruñés Gerardo Crespo, principal imputado en la operación Zeta -que investiga un supuesto fraude en cursos de formación- se ha negado a declarar, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, por la falta de un informe de Hacienda. No obstante, a la salida del juzgado, en el que estuvo casi media hora, ha apelado a su "inocencia" y ha reiterado que todos los cursos de formación fueron "realizados, auditados y aprobados por la Xunta", ha añadido en relación a las justificaciones económicas aportadas ante ésta y otras administraciones.

Además, ha acusado a la Policía de extraer "conclusiones erróneas", mientras que ha tildado el sumario de "tendencioso". En la misma línea, en una nota de prensa distribuida a los periodistas, Crespo acusa al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y a la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, de "mentir" por asegurar que "fueron los primeros" en remitir el caso a fiscalía.

Aunque, tanto en esa nota de prensa como en declaraciones a los periodistas, antes de entrar en los juzgados, el empresario coruñés mostraba su disposición a declarar, finalmente no lo ha hecho.

En concreto, ha argumentado que ha optado por ello al estar "sin acabar" un informe de Hacienda en el que, según su letrado, se basan los delitos que se le imputan a su cliente. "Delitos fiscales", ha matizado José Ramón Sierra.

Niega pagos para obtener contratos

Con todo, Crespo ha incidido en que está satisfecho de que el proceso "avance". "Va a hacer tres años que empezó un registro policial y más de tres años pinchado telefónicamente", ha remarcado el empresario quien ha señalado que este caso ha supuesto "la quiebra" de su patrimonio.

"Aunque digan que he ganado mucho dinero, el dinero lo he gastado en los cursos", ha recalcado el empresario quien, en contraposición a las declaraciones efectuadas a un medio de comunicación, ha sostenido que "no ha habido ningún pago para conseguir ninguna adjudicación", ha indicado sobre los contratos obtenidos.

El PP y el supuesto conseguidor

"Soy totalmente inocente", ha sentenciado también el empresario, quien ha argumentado que los investigadores no hicieron uso "de muchas pruebas que defienden mi postura de inocente". Así, en su nota de prensa, el empresario sostiene que el sumario "miente, es tendencioso y manipula las escuchas telefónicas", afirma.

En la misma línea, arremete contra el presidente de la Xunta y la conselleira de Traballo. Argumenta que, cuando se enteran de la investigación, para "desmarcarse" remiten el caso a la Fiscalía "inventándose unas revocaciones de unos planes integrales de empleo y dejan de coger el teléfono".

"Trabajaba con Pachi Lucas -dice sobre el empresario al que situó como amigo de Feijóo y al que los investigadores consideran el supuesto conseguidor de cursos- porque o estás con los amigos o no trabajas", añade. Además, Crespo acusa al PP de ser "la corrupción crónica y la deslealtad generalizad".

"Conocimiento" de la Xunta

Por su parte, su letrado ha recalcado que la Xunta "tenía conocimiento de todo este procedimiento" antes que ellos y ha recalcado, sobre la nota difundida por el empresario, que "no es cierto" que desconociesen la causa. "Se demostrará si hay connivencia o no en los hechos que se nos imputan", ha precisado.

Asimismo, ha incidido en que su cliente "quiere declarar", pero cuando conozca el informe de la Agencia Tributaria. "LLeva tres años para hacer un informe", ha remarcado el letrado quien ha explicado que será la jueza y, si no que lo pedirán ellos mismos, quien le llame a declarar de nuevo.

También ha explicado que están pidiendo pruebas documentales "que acreditan que los cursos han sido hechos y autorizados" y ha avanzado que tienen previsto pedir la declaración de personas que figuran en la investigación, pero que no fueron llamadas por la Policía.

"Funcionarios y de otra categoría un poco ambigüa", ha indicado el letrado, quien no ha descartado que, entre ellos, figuren "asesores", aunque ha eludido concretar más al respecto.

Junto a Crespo, están imputadas otras 29 personas, en unos casos, por presunto fraude de subvenciones, estafa y malversación de caudales públicos y, en otros, por tráfico de influencias y cohecho, delito que se imputa al exdirector general de Traballo, Odilo Martiñá.