El Gobierno gallego ha dado luz verde al plan de transparencia anunciado por el presidente, Alberto Núñez Feijóo, que engloba una serie de medidas y el desarrollo de varias leyes anticorrupción y a favor de la transparencia en la Administración autonómica que, entre otras cuestiones, verá "reasignar" efectivos para elevar el control sobre las subvenciones, becas y otras ayudas públicas.
También se abordarán mecanismos de control de la legalidad en el ámbito local, por lo que, en consenso con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), se propondrá dotar al Consello de Contas y al Consultivo de la función de establecer criterios homogéneos en los regímenes contables y jurídicos de las entidades locales.
En consonancia con el "refuerzo" de este papel inspector y controlador, la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) integrará en sus planes formativos, empezando este mismo año, contenido en estas materias, tanto para el personal de la Administración autonómica como para el de la local.
Al término del Consello de la Xunta, Feijóo y su número dos en el Ejecutivo, el vicepresidente Alfonso Rueda, han desgranado el contenido del plan, como había comprometido el mandatario autonómico en la comparecencia que protagonizó el pasado martes en la Cámara autonómica, donde, ante una oposición escéptica, se fijó 50 días para impulsar cinco leyes con 50 medidas.
En concreto, el presidente buscó el respaldo de la oposición en el Pazo do Hórreo para una nueva Ley de Transparencia e Bo Goberno, la Ley de Asistencia Xurídica do sector público autonómico, una nueva Ley del Consello de Contas; una nueva Ley de Financiación de los Partidos Políticos en el ámbito autonómico y una Ley de Participación Cidadá en el Parlamento.
Este jueves, Feijóo y Rueda han profundizado en la nueva ley de transparencia y en la de asistencia jurídica, que concretará en qué supuestos la administración puede pagar la defensa de personal a su servicio implicado en causas judiciales.
El vicepresidente ha subrayado que era precisa una "clarificación" y ha señalado que si una persona a la que se le dé asistencia letrada de la administración es declarada culpable tendrá que abonar los gastos de su defensa, mientras que si se decidió que no era procedente hacerse cargo de la misma y es inocente tendrá derecho a "una indemnización".
En cuanto a la de financiación de partidos, están pendientes del texto que remita el Consello Consultivo, que ha pedido "más tiempo", y esperan que se concrete en los próximos días. Las dos normas restantes se canalizarán a través de propuestas que articulará el Grupo Parlamentario Popular.
Ley de transparencia
La nueva ley de transparencia contará con las aportaciones que los gallegos quieran hacer al texto, ya que se abrirá un foro de participación ciudadana en el que la ciudadanía podrá realizar aportaciones. En marzo, se integrarán en un único texto legislativo.
Entre otras cuestiones que incluirá la norma, Rueda ha señalado que se ampliará el catálogo de información que la ley estatal exige publicar en todos los ámbitos, se introducirá un mayor control en el régimen de incompatibilidades, y se regulará la actuación de los gobiernos en funciones, tanto en sus limitaciones como e la obligación de informar a los sucesores.
El vicepresidente también ha incidido en que se reforzará el derecho de acceso a la información pública y habrá exigencias para los propios altos cargos del Gobierno, de forma que se introducirán sanciones frente a los incumplimientos de las obligaciones de transparencia.
También se pondrá en marcha el Portal de Transparencia y se reforzará el 'Open Data', que pone a disposición de los agentes económicos información de utilidad recogida por la Xunta. Igualmente, se aprobará un nuevo decreto del registro de convenios de la Xunta, para hacerlo "más transparente".
Además, habrá mecanismos de evaluación y control interno, que comprenderán tanto el control de los contenidos del portal de transparencia, como la "protocolización" de las obligaciones fijadas por el Código ético institucional, sistematizando el control de su cumplimiento e informado del mismo al Parlamento de Galicia.