El fiscal Antonio Roma se ha opuesto a las nulidades solicitadas por la defensa del ladrón confeso del Códice Calixtino, José Manuel Fernández Castiñeiras, y de su mujer e hijo, dado que, en su opinión, "se han respetado los derechos fundamentales" de los acusados durante la instrucción.
En su intervención durante la primera sesión del juicio que se celebra en los juzgados de Santiago por el robo del Códice, dedicada este lunes a dirimir cuestiones previas, el fiscal ha explicado que "no encuentra" los "fundamentos" esgrimidos por la defensa para pedir la nulidad del procedimiento y ha considerado que "no se pueden estimar las cuestiones previas" reclamadas por la letrada de la defensa, Carmen Ventoso.
En concreto, el fiscal ha señalado que cuestiones como la recusación del juez instructor o la nulidad de todas las actuaciones ya fueron analizadas y concluidas en su momento por la Audiencia Provincial. "Si está resuelto, está resuelto", ha indicado el Ministerio Fiscal.
Por otra parte, ha criticado que la defensa pida que se declare nula la declaración y confesión del acusado por "elementos de forma", cuando "las respuestas" de Fernández Castiñeiras "no son nulas" y existían otros "elementos incriminatorios". Del mismo modo, ha defendido que los registros son correctos y se hicieron en presencia de los abogados.
El fiscal también ha defendido las grabaciones en la catedral. En concreto, ha asegurado que el despacho del Cabildo es una "zona restringida, no de acceso público", por lo que estas grabaciones son válidas, y en el caso de las cámaras del claustro, no identificadas, ha recordado que el acusado "en su confesión, manifiesta que sabe donde están ubicadas las cámaras". "Si ya lo sabe, no se puede decirse que exista una lesión a sus derechos", ha sentenciado.
Grabaciones en casa
Por otra parte, el Ministerio Fiscal considera válidas las grabaciones sonoras en casa de los acusados basándose en la "trascendencia" del proceso y en el hecho de que existían indicios.
"Éste es un procesamiento trascendente, la sociedad no hubiese autorizado un cruce de brazos por parte de las autoridades", ha explicado Roma, para quien es "una acusación demasiado grave" decir que existe un "registro encubierto o una entrada susceptible de delito" en este acto.
Finalmente, se ha mantenido ajeno a las acusaciones de "imparcialidad" al juez instructor, alegando que la sala debe ser "ajena" al "estado de opinión creado", dado que el proceso ya no se encuentra en fase de instrucción.