El magistrado que instruye la causa que se sigue en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra el exalcalde de O Carballiño y diputado autonómico socialista, Pachi Vázquez, instaba antes de concluir el 2014 a las partes implicadas en el proceso a que presentasen sus alegaciones, solicitasen nuevas diligencias si lo consideraban oportuno y se posicionasen acerca del proceso, las responsabilidades pecuniarias, multas y costas.
La Fiscalía aprecia "relevantes y significativos indicios racionales de criminalidad" del exsecretario general del PSdeG y actual diputado autonómico, Pachi Vázquez, de modo que ha solicitado al TSXG su procesamiento por un posible delito de prevaricación continuada durante su etapa como alcalde de O Carballiño, entre los años 1995 y 2005. Así figura en el escrito -al que ha tenido acceso Europa Press- remitido por el fiscal Fernando Suanzes a la Sala de lo Civil y lo Penal del TSXG, después de que el juez instructor del caso, José Antonio Ballestero Pascual, diese por concluida la instrucción y pidiese a las partes que se pronuncien sobre el procesamiento.
Por su lado, el Ministerio Fiscal pide el procesamiento de Pachi Vázquez al entender que, como alcalde, intervino en la contratación irregular de 37 personas desde 1999 y, en especial, entre 2003 y 2005. Dichos contratos, a su juicio, se llevaron a cabo "de manera absolutamente arbitraria, atendiendo exclusivamente a afinidades de tipo político, personal, o de otro tipo".
En concreto, explica que se trata de contrataciones de personal laboral para el desempeño de labores de competencia municipal por una duración determinada. Sin embargo, "en gran número de ocasiones", estos contratos devinieron en indefinidos bien por orden de la Inspección de Trabajo, de una resolución judicial o de un decreto de la propia alcaldía.
"Esos contratos se realizaron con ausencia total de procedimiento de contratación en los términos que exige el ordenamiento jurídico, prescindiendo de todo principio constitucional (...) de igualdad, mérito, capacidad y publicidad", abunda el ministerio público, crítico con su "desprecio absoluto" de las leyes. Asimismo, subraya que tampoco solicitó nunca informe a los órganos municipales "para no hacer patente su manifiestamente ilícita actuación".
No ha prescrito
En su texto también puntualiza el fiscal que ninguna de las posibles infracciones que se estudian en este caso había prescrito al admitir el alto tribunal gallego a trámite la querella.
Con todo, destaca "peculiaridades", como la "exasperada antigüedad" de los hechos y de los contratos investigados y los distintos decretos y resoluciones bien adoptadas por Pachi Vázquez en su condición de alcalde o bien por otras personas no aforadas y que, por tanto, su caso se encuentra en el juzgado de O Carballiño.
Asimismo, está "la dificultad extrema de saber con certeza la causalidad concreta de cada contrato laboral o resolución en los contratos fijos posteriores hasta la actualidad". De igual forma, la Fiscalía tiene en cuenta que, en algunos casos, ha sido la mediación de la Justicia y de la Inspección de Trabajo la que ha convertido algunos de estos contratos en indefinidos.
Sin responsabilidad civil
Por todo ello, en caso de que se llegue a esa fase procesal, el ministerio público avanza que "no formulará petición de responsabilidad civil", sino que "solamente podría interesar la nulidad de las resoluciones y decretos" firmados por Pachi Vázquez.
Además, en su escrito refiere que en distintas sentencias analizadas relativas a "contratos laborales arbitrarios", en ninguna se ha procedido a anular dichos contratos "y anudar consecuencias civiles o laborales a los trabajadores".
Aunque se hace referencia a las 60 contrataciones esgrimidas en su día en la querella del fiscal jefe de Orense, se suprime del listado a las personas en cuya contratación no intervino Pachi Vázquez, alegando que la responsabilidad de las mismas es del exalcalde Carlos Montes, los exconcejales de personal Alfonso Prado y José Antonio Barge y de la exconcejala y alcaldesa accidental Elisa Domínguez y que las acciones legales contra dichos excargos del PSOE se dirimirá en el juzgado de O Carballiño al no tener estas personas la condición de aforadas.