El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado que son los médicos del Sistema Nacional de Salud (SNS) quienes deben decidir a quién se le deben prescribir los nuevos fármacos para la hepatitis C, y no los laboratorios, ni los políticos, ni los consejeros, ni los pacientes.
"Hay que ver en qué situaciones clínicas es necesario de forma inmediata activar esos medicamentos. Con todos los respetos hay que dejar decidir a los médicos del SNS en qué situaciones hay que dar esos tratamientos, nosotros no los vamos a prescribir, vamos a hacer nuestro lo que nos propongan los expertos", ha señalado en una entrevista a TVE recogida por Europa Press.
"Hay laboratorios que tienen más presupuesto que un país, y en consecuencia hay también un interés económico. El planteamiento del ministro de Sanidad es que a aquellos a que los médicos nos digan que hay que implementar el tratamiento se le dará con independencia de su coste económico", ha añadido.
En su opinión, para ello es importante la labor que va a realizar el comité de expertos convocado este lunes para la elaboración de un Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C, que estará presidido por el doctor Joan Rodés, presidente del Instituto de Investigaciones Sanitarias Clinic-IDIBAPS y presidente del Consejo Asesor del Ministerio.
Feijóo ha recordado que lo que está ocurriendo con los nuevos fármacos para la hepatitis ya ocurrió en la década de los 90 cuando se desarrollaron los primeros antirretrovirales para el VIH/sida. "Entonces se decía que España no iba a ser capaz de dar el tratamiento", por entonces "muy costosos" ya que superaban los 6.000 euros.
"Tomar decisiones"
No obstante, ha recordado que éste no es un problema exclusivo ni de la hepatitis ni de España, donde "a pesar de la crisis hemos seguido dando los mejores fármacos del mundo". En su opinión, ante el futuro desarrollo de medicamentos los países van a tener que tomar decisiones que no hipotequen su estabilidad económica.
"Los países tenemos que tomar decisiones. Es verdad que un laboratorio no puede cuestionar la vida de los ciudadanos de un país por un motivo económico; la innovación y la investigación en un laboratorio tienen que quedar absolutamente garantizadas en el precio de los fármacos, pero que un país pueda tener una dificultad económica insalvable para que a sus ciudadanos les lleguen esos fármacos, eso no es ético ni legítimo", ha concluido.