La Xunta fija por decreto una espera máxima de 60 días para operarse

La Xunta aprobará en el primer trimestre de 2015 un decreto para fijar la espera máxima en la atención del Servizo Galego de Saúde (Sergas), por el que habrá "un seguro de lista de espera" para que las intervenciones quirúrgicas programadas y no urgentes se hagan en 60 días como tope, mientras que habrá un máximo de 45 días para consultas hospitalarias y también de 45 días para pruebas diagnósticas y terapéuticas.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, considera este decreto "importantísimo", pues "modificará el sistema de trabajo y los compromisos de la sanidad pública en Galicia", según ha explicado este viernes en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.

De tal forma, el paciente deberá ser atendido en estos plazos y cuando el Sergas no pueda hacerlo en el tiempo establecido, se podrá derivar a otro centro público si en el suyo de referencia no es posible -el paciente también puede optar por seguir en lista de espera en su centro-. Si aún así no es posible ser tratado en un centro público, se derivará a un centro concertado, y la factura la abonará el Servizo Galego de Saúde.

Hasta la fecha, el tiempo de espera máxima para intervenciones quirúrgicas programadas y no urgentes era de 180 días, que se reducirá hasta 60 días, según figura en el borrador del decreto abordado este viernes en el Consello de la Xunta.

Así, Feijóo ha puesto en valor que se trabaja para reducir "año a año" la lista de espera, mientras Galicia se sitúa por "debajo de la media de esperas del Sistema Nacional de Salud". Por ello, remarca que se va a exigir unos tiempos para la atención a los gallegos "mucho más reducidos de los que obliga la legislación actual".

"No sólo establecemos unos límites máximos de espera hospitalaria en ámbitos donde otros no se autoimponen nada, sino que los reducimos de casi medio año a tan sólo dos meses en las intervenciones quirúgicas y de mes y medio en el caso de las consultas externas y de las pruebas diagnósticas y terapéuticas", ha resumido.

Pensiones no contributivas

El Consello de la Xunta ha dado luz verde este viernes al complemento extraordinario de 206 euros que recibirán -antes del 10 de enero- los algo más de 43.000 perceptores de pensiones no contributivas de seguridad social, del fondo de asistencia social y del subsidio de garantía de ingresos mínimos.

El Gobierno gallego invertirá casi 9 millones de euros en estas ayudas, que se abonarán mediante un pago único a través de una transferencia bancaria que se realizará de oficio en las cuentas corrientes en que estas personas tienen domiciliado el recibo ordinario de su prestación. Los beneficiarios no tienen que realizar ningún tipo de solicitud o trámite adicional.

De ello ha informado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo este viernes, tras la reunión del Consello, quien ha destacado que solo otras tres comunidades además de Galicia mantienen un complemento destinado a este colectivo (Andalucía, Cataluña y Extremadura) y la gallega es una de las que abona la cuantía más elevada a los beneficiarios.

En Galicia hay actualmente 42.710 perceptores de pensiones no contributivas (pensionistas de jubilación e invalidez, en su modalidad no contributiva); 10 beneficiarios del fondo de asistencia social, FAS (ancianos y enfermos con incapacidad para el trabajo beneficiarias de ayudas periódicas individualizadas); y 450 perceptores del SGIM (personas con una minusvalía que reciben el subsidio de garantía de ingresos mínimos).

Los beneficiarios deberán cumplir dos requisitos: tener la residencia habitual en Galicia y estar en situación de alta en nómina, es decir, ser ya pensionista a 1 de enero de 2014 y permanecer en esta situación en la fecha de entrada en vigor del decreto (el mismo día de su publicación en el DOG).

"Peaje en la sobra"

Por otra parte, la Xunta ha aprobado un "peaje en la sombra" para pagar 7 millones de euros a las concesionarias de autovías de O Salbes, Celanova y O Barbanza.

Estas autovías se encuentran en riesgo de quiebra por no tener el tráfico mínimo que la Xunta había negociado en un primer momento. Por ello, Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Comunidad gallega, ha negociado el pago "para evitar la indemnización por quiebra", que ascendería a 189 millones de euros.

El presidente gallego ha justificado esa especie de rescate (7 millones de euros anuales en conjunto) esgrimiendo que los tráficos en dichas carreteras son por término medio un 40 % inferiores a los previstos por contrato y, por tanto, ponen en riesgo la viabilidad de las compañías privadas que explotan las infraestructuras, una quiebra que al erario le saldría por 189 millones.