Código de ética

Como dijo Tomás Jefferson, cuando alguien asume un cargo público, debe considerarse a sí mismo como propiedad pública.

El nuevo código de ética de la Diputación de Orense, que como anécdota fija en 30 euros el máximo para regalos de cortesía -si no fuera porque tiene otras cosas mucho más importantes-, no tiene precedentes en el rigor que muestra, que sin duda es necesario para afrontar los tiempos que corren y para iniciar la ardua tarea de reconciliar a los partidos con la opinión pública, después de que prácticamente todas las formaciones hayan protagonizado intolerables episodios de corrupción.

Pero si el PP tiene que rendir cuentas por los gravísimos casos en los que algunos de sus dirigentes están imputados, no es menos cierto que los demás partidos están en la misma situación.

El código de ética del ente provincial orensano resuelve algunas cuestiones que los partidos -y también las instituciones- no tenían aclaradas hasta ahora: qué hacer cuando un político está imputado -o para que no llegue a esa situación- o el funcionamiento interno y con total transparencia de las mismas instituciones.

Sin embargo, el partido de la gaviota todavía mantiene ese código de buenas prácticas desfasado e insuficiente, que deberá revisar cuanto antes si no quiere ahogarse en las iras de sus propios votantes.

En la propuesta ética y política a la corrupción, los partidos no tienen tiempo que perder.

Este anuncio de la Diputación orensana no deja de sorprender positivamente, aunque llega bastante tarde. Pero para evitar que la política sea el paraíso de los charlatanes, Manuel Baltar debe explicar con urgencia y total transparencia las gravísimas acusaciones del exgerente del partido sobre la supuesta financiación ilegal del PP de Orense, que él también preside.

La democracia de por sí ya establece un código ético: el principio de la honradez y la decencia, y el que prohíbe a los que se dedican a la política actuar fuera del decoro y la prudencia.