La Corporación del Ayuntamiento de Vigo ha trasladado este lunes en un pleno extraordinario su apoyo unánime a la Asociación Galega San Francisco (Agasfra) con el fin de evitar que las 73 personas discapacitadas atendidas hasta ahora por esta organización sean derivadas a un centro de Mos (Pontevedra).
En concreto, el presidente de la asociación, Eladio Fernández, ha leído un texto a través del que ha explicado que todas las familias y usuarios han decidido renunciar a su plaza en el centro de Mos, aunque ha matizado que eso "no supone de ninguna manera una renuncia expresa al derecho de su plaza pública de dependencia".
Además, ha recordado que representantes de la organización se reunieron con la concejala de Benestar, Beatriz Mato, en un encuentro por el que trataron de acercar posturas, aunque no recibieron "garantías" de que el servicio se quede en el centro de Vigo. En todo caso, Fernández ha insistido en que "no se puede permitir el traslado forzoso" de los usuarios.
Por su parte, el alcalde de la ciudad, el socialista Abel Caballero, ha intervenido para asegurar que la organización cuenta con "el apoyo total y absoluto de este pleno y de esta ciudad" y ha manifestado que el Gobierno municipal va a establecer una vigilancia "permanente de cómo evolucionan las negociaciones y las conversaciones" con la Xunta. "No vamos a pasar por nada que no sea una resolución satisfactoria", ha apostillado.
La concejala de Benestar, Isaura Abelairas, ha recordado que formar parte de esta asociación permite a los usuarios del centro "desarrollar su autonomía personal" y ha criticado a la Xunta por no tener "en cuenta los criterios sociales". "No todo tiene que ser negocio. ¿Cómo no se puede respetar la decisión de unas personas que deciden no ir a Mos?", ha cuestionado la socialista, que ha pedido que "se reconozca el derecho de las personas" a decidir.
Asimismo, la portavoz del BNG, Iolanda Veloso, ha criticado que la Xunta no haya considerado "relevante" que los usuarios "tuvieran que trasladarse fuera de su entorno" y no haya tenido "en cuenta las consecuencias para sus vidas". Por ello, ha reiterado su compromiso porque este servicio se mantenga "como se estaba prestando", puesto que "la austeridad no se puede llevar por delante la vida de las personas".
"En noviembre se obtuvo el compromiso de la conselleira de Benestar de llegar a una negociación con el centro, y esperamos y le pedimos que así sea, que tenga en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad que estaban siendo atendidas, de las familias que necesitan de este centro para continuar con sus vidas y que se resuelva este conflicto manteniendo este servicio", ha solicitado.
El PP da "la cara"
El portavoz del PP, José Manuel Figueroa, ha trasladado que el objetivo de su formación es "que San Francisco resuelva sus problemas" y sus usuarios "tengan su vida resuelta". Así, ha indicado que se "desmarcan" y dan "la cara por la asociación", puesto que consideran "que desde Santiago se pueden hacer mejor las cosas".
"Los resultados empezaron por una reunión muy positiva el viernes pasado, y vamos a seguir trabajando para presionar para que San Francisco pueda resolver el problema de las familias", ha asegurado el popular, que ha llamado a la unidad, a "la suma de esfuerzos y la coordinación" para "trasladar que la visión desde allí -Santiago- es totalmente distinta" de la que hay en Vigo. "Vamos a seguir haciendo las cuestiones que sean precisas", ha subrayado.
No obstante, Figueroa ha recordado que esta situación es consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de servicios sociales de 2008 y el Real Decreto de contratos del sector público de 2009, normativas aprobadas "cuando gobernaban el BNG y el PSOE" y que obligan al PP "a aplicar la normativa". "Ahora nos encontramos dificultades que no previeron. La legalidad hay que cumplirla", ha manifestado Figueroa, a pesar de lo que ha apuntado a que "se puede buscar un vestigio".