La decisión del Gobierno de Feijoo de suprimir el plus que PP, PSdeG y BNG pactaron en el 2007 para los funcionarios que ocuparon altos cargos era un movimiento imprescindible para dar coherencia a la futura Lei do Emprego Público, según publica La Voz de Galicia. Su pretensión inicial de consolidar la controvertida paga era desproporcionada, porque la idea era que la misma norma que obligará a 122.000 trabajadores a superar una evaluación para percibir un complemento retributivo iba a blindar un sobresueldo para los que fueron sus jefes. Pero con su eliminación la Xunta no solo atiende una vieja demanda sindical, sino que zanja un gasto cuya justificación se había vuelto imposible en una etapa de recortes en las nóminas del funcionariado. La medida cierra de forma definitiva la posibilidad de que 260 ex altos cargos que lo tenían reconocido puedan cobrar un complemento que le costó a las arcas autonómicas más de 3 millones en los cuatro años que lo abonó.
El pago del plus permanecía bloqueado desde la primavera del 2012. El Ejecutivo gallego tuvo que tomar esa primera decisión de congelar el premio a los que ocuparon puestos directivos en un momento en el que imponía una ley de medidas urgentes que restringía las condiciones laborales de los empleados. Al acordar ahora la supresión definitiva de ese sobresueldo aplica, por tanto, la misma lógica que entonces.
Un coste de 831.000 euros al año
En aquel momento, 213 funcionarios que estuvieron en puestos de responsabilidad política en la Administración tenían reconocido ese plus, aunque lo cobraban 142, según publica el rotativo La Voz de Galicia. El abono de ese sobresueldo, que el alto cargo percibe a través del complemento de destino en su retorno a su actividad profesional, supuso para la Xunta una factura de 831.000 euros en el 2012. Esto implica que el plus aportaba a cada perceptor una media de 5.852 euros anuales. Aunque ese total esconde situaciones dispares, ya que su importe podía oscilar entre 3.500 y 14.000 euros brutos al año, en función del nivel que tuviera reconocido el funcionario. El impacto del plus es mayor entre los de menor nivel. En un médico podía representar 10.300 euros al año, pero en un ATS llegaría a unos 11.600.
El hecho de que en la actualidad sean 260 los antiguos altos cargos que tienen reconocido su derecho a percibir ese plus (tanto del bipartito que conformaron PSOE y BNG como de los gobiernos del PP) implica que, desde abril del 2012, 47 funcionarios que ocuparon puestos de designación política en la Administración gallega se incorporaron a la nómina de posibles perceptores, si bien ninguno de ellos tuvo ya opción real de cobrarlo.
El plus que la Administración del Estado aplica desde hace más de 20 años tuvo un recorrido accidentado en Galicia desde su gestación. Fue en julio del 2007, cuando los tres grupos que entonces tenían representación parlamentaria (PP, PSOE y BNG) lo consensuaron para la reforma de la Lei de Función Pública que impulsó el que era conselleiro de Presidencia, el socialista José Luis Méndez Romeu. Los tres grupos optaron por incorporarlo a la legislación por la puerta de atrás, en la fase de tramitación parlamentaria, sin posibilidad de alegación sindical.