Las explicaciones dadas por el secretario general de los socialistas gallegos sobre el registro a la Diputación lucense que él mismo preside, han sido "respondidas" por la conselleira de Traballo, que comparecerá en el Parlamento -a petición propia- para que todos nos enteremos de los "eficaces mecanismo de control" de los cursos de formación. Patético. Porque eso no toca. Lo que sí toca es que se nos diga cómo se saltaron esos filtros para que unos sinvergüenzas se llevaran el dinero público, y quiénes son los responsables. Eso sí toca. Pero su señoría de esto no hablará. Seguro.
Tampoco está claro que las reiteradas denuncias de la oposición -incluso con algún que otro amago de desafío de utilizar la calle- para que el presidente de la Xunta comparezca en el Parlamento para hablar del caso Zeta o del reciente escándalo sobre la presunta financiación irregular del PP de Orense, vaya a producir el resultado perseguido. Entre otras cosas, porque es un argumento baladí para el propio Feijóo, que se blinda en su mayoría para no dar explicaciones sobre estos graves asuntos.
Suponemos, y solo suponemos, que en la dirección del PP hay quienes defienden mantenerse firmes en la no comparecencia por estimar que es un simple pataleo de la oposición, y quienes proponen que el presidente acepte explicar en la Cámara las denuncias para dar cuenta de la situación. Pero, al final, será el propio Feijóo el que decida qué actitud adoptará y el Grupo Parlamentario Popular respaldará, sin duda, esa decisión.
No es normal, desde luego, que el PP, que disfruta de mayoría absoluta, haya vetado con diferentes argumentaciones las demandas de la oposición para que Feijóo explique en O Hórreo asuntos que cuestionan la honradez de algún que otro dirigente y el sistema de financiación del PP en Orense del que, al fin y al cabo, también es su presidente.
Es una obligación elemental del gobernante en una democracia aclarar las dudas que existen a en la opinión pública acerca de casos de corrupción. Es cierto, también, que el uso de las mayorías es un privilegio inexcusable de quien la lidera, pero no debe servir para hurtar las explicaciones a los grupos parlamentarios y a los ciudadanos.