El presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Ramón Gómez Besteiro, ha ofrecido este viernes "toda la colaboración y transparencia" a la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, en relación a un nuevo registro en el Pazo de San Marcos en el marco de una investigación abierta sobre el programa de visitas provincial 'Km 0'.
"Pido que dejemos trabajar, como siempre hicimos. Desde la Diputación total colaboración para prestar toda la información que pueda ser necesaria, dejar trabajar a los profesionales de la Justicia y nosotros, en cuanto tengamos información, la trasladaremos de forma objetiva y profesional", ha asegurado Besteiro antes de iniciar la 'Ruta del cáncer' para acompañar a pacientes de la provincia a una sesión de Radioterapia de Coruña, a instancias de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lugo.
Poco antes de las 9:30 horas Pilar de Lara entraba en la Diputación de Lugo con agentes de la Policía Judicial para proceder al volcado de ordenadores de áreas como la de Presidencia, Relaciones Institucionales y Comunicación.
De Lara, que se ha hecho cargo de esta investigación por las nuevas normas de reparto después de que previamente correspondiera a la jueza de refuerzo de su juzgado, Hortensia Bouso, ha abandonado la Diputación de Lugo sobre las 10:15 horas con una carpeta en la mano tras solicitar información y volcado de ordenadores en la institución provincial.
Anterior visita judicial
De hecho, el pasado mes de julio agentes de la Policía Judicial habían acudido de nuevo a la Diputación de Lugo para recabar información complementaria sobre este programa de visitas 'Km 0'.
Aquella visita judicial partía de una orden de la jueza de apoyo del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Hortensia Bouso, en la que se había facilitado a los agentes toda la información que solicitaron.
En abril de 2013 el PP se había hecho eco de que varias personas ligadas con este programa de visitas, en parte financiado con fondos de la Unión Europea (UE), habían sido llamadas a declarar en el marco de una investigación abierta por la Fiscalía, "a raíz de las denuncias de varios trabajadores", que supuestamente "incluirían acusaciones de relevancia penal y presuntos delitos de acoso laboral".
El Juzgado de Instrucción número 1 de la capital abrió diligencias sobre esta cuestión, si bien la Diputación negó "tajantemente" cuando trascendió la investigación de la Fiscalía la posibilidad de que hubiese malversación de fondos en la gestión del programa.