Tres ex altos cargos de la consellería de Traballo e Benestar figuran entre los nuevos imputados por la jueza María José García García en la investigación de la operación Zeta. Son el exdirector general de Traballo Odilo Martiñá Rodríguez y otros dos excargos de la Xunta, el que fue jefe territorial de esta consellería, Luis Alberto Álvarez Freijido, y el exjefe de Servicio de Empleo Joaquín Vila Sampayo, que figuran entre las 23 nuevas personas que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Coruña ha citado a declarar como imputadas por la operación Zeta, según figura en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
Estos tres exaltos cargos de la Xunta están llamados a declarar en calidad de imputados por los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho. Los tres han sido citados a declarar el próximo 9 de abril.
Con los 23 nuevos imputados, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Coruña ha ampliado a 30 la relación de personas imputadas en el marco de esta operación, que investiga un supuesto fraude en cursos de formación para obtener subvenciones públicas.
Estas imputaciones se suman a las siete iniciales, entre las que se encuentra la del empresario coruñés Gerardo Crespo, al que los investigadores consideran el presunto 'cabecilla' de la trama. Las primeras declaraciones están señaladas para el mes de febrero y por el momento se prevé que continúen hasta abril.
El juzgado eleva a 30 los imputados
Este miércoles el Juzgado de Instrucción número 6 de Coruña ha ampliado a 30 los imputados en la operación Zeta, que investiga un supuesto fraude en cursos de formación para obtener subvenciones públicas, tras llamar a declarar en calidad de imputadas a otras 23 personas, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Así se recoge en una providencia notificada este miércoles por el juzgado.
Estas imputaciones se suman a las siete iniciales, entre las que se encuentran el empresario coruñés Gerardo Crespo, al que considera el presunto 'cabecilla' de la trama. Las primeras declaraciones están señaladas para el mes de febrero y por el momento se prevé que continúen hasta abril.
El Juzgado inició el 22 de diciembre de 2011 una investigación sobre un posible fraude en el cobro de subvenciones tras haber recibido un atestado del Grupo de Delincuencia Financiera y Fiscal de la Brigada Provincial de la Policía Judicial en Coruña.
La causa se sigue por los delitos de fraude de subvenciones o estafa y malversación de caudales públicos, además de otros delitos conexos como falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales. Entre las personas investigadas se encuentran responsables de organizaciones de autonómos, fundaciones y profesionales.
La juez María José García García iniciará la toma de declaraciones en febrero y está previsto que se prolonguen hasta abril por su supuesta vinculación en los delitos de fraude de subvenciones, estafa, malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales.