La situación de Ángel Currás en el equipo de gobierno de Santiago se había hecho insostenible después del caso de los seis concejales inhabilitados y de que la juez Pilar de Lara lo imputara en la trama de la operación Pokémon.
Aunque él sigue defendiendo su inocencia, el auto de la magistrada es suficiente para consolidar la hipótesis de que Currás se había convertido en una carga para el PP.
Y si él se encontraba ya desde hace meses, y más ahora después del estrambótico amago para irse a Tragsa, en esa situación insostenible políticamente, la posición que dejaba al PP, y en particular a su candidato a la alcaldía, Agustín Hernández, era completamente inaceptable.
La sola idea, bastante previsible, de que Hernández afrontara la inminente campaña electoral de las municipales mientras el exlcalde se sentaba en el banquillo acusado de un delito de prevaricación política, causaría estragos en sus expectativas de voto.
Esto es lo que ha llevado a la cúpula del PP a presionar a Currás para que aceptara lo que debió hacer mucho antes: dimitir de su cargo de concejal para poder defenderse de las acusaciones que pesan sobre él sin perjudicar la imagen de su partido.
Currás no podría haber elegido otra opción. Permanecer en el equipo de gobierno compostelano hubiera sido peor. Por eso, Ángel Currás ha sacrificado su futuro político en beneficio de su partido y del candidato Hernández. Ha sido la solución menos mala, aunque tardía.