La infanta Cristina se sentará en el banquilo de los acusados y será juzgada por dos delitos fiscales, pero no por blanqueo -acusación que ha sido archivada-, dentro de la causa que investiga la trama de corrupción del caso Nóos.
Su imputación por dos delitos contra la Hacienda Pública tiene su base en el papel que la infanta ejerció en la sociedad Aizoon, de la que Cristina es copropietaria al 50 % junto a su marido, Iñaki Urdangarín, quien presuntamente habría utilizado esta sociedad para defraudar hasta 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008. Según apuntan las investigaciones, Urdangarín facturaba a través de Aizoon -como rendimientos de actividades económicas- las retribuciuones que cobró de entidades privadas por su condición de consejero asesor; y lo hacía con un único objetivo: tributar menos en su declaración de la renta. El propio José Castro, instructor del caso Nóos, llegó a considerar Aizoon como una sociedad pantalla de la que se valió Urdangarín para cobrar las asesorías como si de rendimientos profesionales se tratara y no de servicios personales. La decisión ha sido comunicada este viernes a las partes por la Audiencia Provincial de Palma.