La trama de cursos “falseó todo lo necesario” por “la nula actividad controladora”

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía sostiene, en sus conclusiones finales sobre la investigación de la operación Zeta -un supuesto fraude en cursos de formación para obtener subvenciones públicas- que "se falseó todo lo necesario" por "la nula actividad controladora" de la Administración. Así se recoge en sus conclusiones finales sobre la investigación en el sumario, al que ha tenido acceso Europa Press, y que se resume en más de 12.500 folios y 67 denunciados en el marco de la operación, de ellos, por ahora, siete imputados y citados a declarar por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Coruña para febrero.

Los investigadores sitúan al empresario Gerardo Crespo; al presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), Eliseo Calviño, y al presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, Francisco Javier Pérez Bello, como miembros de lo que califica como "tronco central defraudatorio".

"Inacción" de las administraciones

En sus conclusiones, y en alusión a las conversaciones telefónicas intervenidas, así como diversa documentación, entre ella archivos informáticos o mails y las declaraciones de investigados, subraya la existencia de "entidades sin ánimo de lucro" creadas para "el enriquecimiento final de sus gestores".

"A este tronco central defraudatorio, hay que añadir la inacción en el control llevado a efecto por los órganos administrativos tanto a la hora de conceder como de controlar las subvenciones lo cual pudo tener su origen en el incumplimiento por parte de sus responsables públicos de sus obligaciones legales", apunta en alusión a exaltos cargos de la Xunta que figuran en el sumario, entre ellos el exdirector general de Traballo Odilo Martiñá.

Este, como otros investigados en el marco de esta operación, se negó a declarar ante la Policía cuando fue citado. Tampoco lo hicieron el empresario Gerardo Crespo o el presidente de Caype. Sí lo hizo el presidente de Feaga, para negar que hubiese recibido dinero al margen de los conceptos referidos como "asesor" de Caype o por su labor al frente de esta confederación o de la propia federación, según su declaración.

Sin embargo, la Policía cree que "fue relevante la participación de Bello" en la constitución de Caype, una confederación de la que cuestiona su número de asociados, criterio que le favorecería para captar subvenciones. Además, pese a su declaración ante la Policía, remarca que fue "beneficiario y receptor de importes no justificados".

Receptores de "decenas de millones"

En cuanto a las entidades creadas, la Policía insiste en que "Crespo y Eliseo Calviño reconocen abiertamente que las asociaciones de autónomos son un montaje o una farsa y que se ha mentido como un cosaco", insisten. Mientras, sostiene que empresas de imputados fueron receptoras "de decenas de millones de euros".

"La caza de dinero público a través de subvenciones", remarca la Policía. Mientras, solo en el caso de Eliseo Calviño asegura que, a través de Azananet, -una de las empresas vinculadas a Crespo-, "recibió más de 1,5 millones en ilícitas devoluciones", señala sobre las cantidades que recibirían algunos investigados a cuenta de ayudas públicas.

Sobre la contabilidad de la caja B de Crespo, en la que figuran 17.000 euros destinados al PP y otras cantidades a exaltos cargos de la Xunta, como los 18.000 euros en los que la UDEF cuantifica el dinero recibido por Martiñá, subraya que "algunos cargos políticos" fueron "receptores de cantidades económicas o regalos".

En los mismos términos, no descarta que "varios concursos públicos habrían sido presuntamente amañados", señala sobre dos proyectos del Instituto Galego de Consumo.