Es cierto que cualquier institución con contrariedades económicas, que se encuentra con problemas insolventes o no puede cumplir eficientemente con el servicio que presta, lo primero que hace es acometer una severa austeridad seguida, claro está, de una modificación impositiva al alza. Nadie discute que los impuestos son una necesidad social para que el Estado y los municipios cuenten con medios económicos para prestar los servicios que la sociedad demanda. Tampoco se puede negar que para los ciudadanos no es agradable pagarlos ya que se consideran una disminución de sus ingresos, sobre todo en épocas de crisis. Que se añadan nuevas cargas tributarias a las que ya existen -por mucho que digan que se van a bajar- son medidas impopulares pues, aunque se pretende que sea para las rentas más elevadas, al final, se extiende a todos los ciudadanos; es decir, a los que menos tienen.
Digo esto porque son cuestiones que atañen a la marcha del país; y porque más de dos centenares de municipios gallegos no podrán pagar sus nóminas solo con su recaudación. No son los efectos colaterales de la crisis, es el despilfarro al que han llegado nuestros mandatarios; eso sí, con nuestro consentimiento.
La crisis promueve pérdida de confianza y ésta, a su vez, alimenta la crisis. Y esto lo saben las corporaciones, metidas ya en la recta final de su legislatura.
Y el centro del huracán es, de nuevo, la situación de las cuentas municipales. La mayoría quiere poner en evidencia la falta de liquidez para abordar los pagos pero en ningún momento, dicen, se pondrá en duda el abono de los salarios. Habría que preguntarse si a corto plazo se plantea algún recorte de las plantillas -la mayoría del personal metido a dedo, claro-. O si algún municipio pretende llevar a cabo un plan para "optimizar recursos"; por ejemplo, el proceso de consolidación de las plazas de los últimos concurso oposición -donde prevalecerán los del amiguismo-. Tal y como están las cosas, no me extrañarías que se "estudie" esta alternativa.
Pero no tenemos que preocuparnos. Una nueva fórmula está proliferando entre los empresarios para hacer frente a los estragos de la crisis en el empleo. Se trata de la reducción de jornada. Un modelo ampliamente utilizado en países como Alemania -con indicadores iguales a los nuestros, ¡faltaría más!- y que se pretende trasladar aquí. Incuso algunos van más lejos y piden más trabajo y menos salario. Otros, sin embargo, tienen un talento que desconocíamos: aseguran que se pueden crear dos millones de puestos de trabajo en un año. Así de sencillo. Y Rajoy sin enterarse, como en otras tantas cosas.
Son los calores de un otoño alocado los que provocan semejante delirio. Cómo, cuál es la fórmula. Incluso los más incrédulos, los que, a decir verdad, no tienen idea en estas cuestiones, son los más proclives a defender estos planes. ¡Vamos! En otoño, con los sinvergüenzas de las antiguas cajas gallegas -ahora ya al descubierto-, el lío bochornoso de las famosas tarjetas negras -con algún prohombre que aspiraba a la presidencia del Gobierno, y que se quedó en intermediario de dinero ajeno para caprichos inconfesables-, la persecución a unas jueces valientes que persiguen, a su vez, a demasiados chorizos en la extensa fauna galaica, y metidos de lleno en la precampaña de las municipales, con promesas de obras faraónicas -con más despilfarro-, y con la crisis que no se acaba de marchar, todo puede ser. Es como cambiar la conversación "futbolera-tabernaria" por otra más ilustrada: la política económica del país, donde el sinvergüenza triunfa.
Si todo resulta tan convincente y tan fácil para estos ilustrados de la vida pública, ¿para qué fiarnos o desconfiar de los políticos?
Es necesario un examen de conciencia de la ciudadanía y sus dirigentes políticos para erradicar las formas poco éticas de hacer caja con lo ajeno. Algo que, además de ser repetitivo en cada rincón, daña a la misma sociedad. Pero a lo mejor todo está bien, quizás sean alarmas de los calores de otoño.