Intervenciones telefónicas realizadas en el marco de la operación Pokémon revelan que la jefa de la Unidad de Proyectos de la Diputación de Lugo, Ana Belén Mera, supuestamente realizaba facturas falsas y justificaba "gastos no realizados por determinados contratistas con el perjuicio económico que ello supone" para la institución provincial.
Así consta en la transcripción de un auto de intervención telefónica incluida en la nueva parte del sumario de la operación Pokémon sobre la que ha alzado este mes de septiembre el secreto el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, al que tuvo acceso Europa Press.
En el auto se señala que el propietario de Sanle, Manuel Santiso, también imputado en la causa "tiene excelentes relaciones con funcionarios y políticos", tanto de la institución provincial como del Ayuntamiento, "de los que obtiene información privilegiada" para "poder salir con ventaja en los concursos, en cuya concesión también recibe ayuda".
Al respecto, en el documento judicial se explica que "Manuel Santiso ha modificado una factura de la Diputación". Así, en una llamada telefónica éste le dice a su interlocutor que "tienen que modificar una factura de la Diputación y les va a subir 40.000 euros, más 10.000 de IVA". En una llamada del 23 de enero de 2012, Ana Belén Mera "le informa que ahora esta de beneficio 51.847" y algo más de 11.600 euros de IVA.
Los investigadores han identificado a la mujer de nombre Ana de la llamada que conversa con Sanle sobre la factura falsa, como la persona que "en la actualidad está contratada por la Diputación Provincial de Lugo donde ejerce el puesto de jefa de la Unidad de Proyectos".
Según se pone de manifiesto en el auto, "la habitualidad en la conducta delictual de Ana Belén Mera realizando supuestamente facturas falsas", la explica detalladamente en su declaración un testigo, que también trabaja para la Diputación de Lugo, que el 17 de febrero de 2012 corroboró que ésta trabaja en la institución como interina desde hace cuatro años como funcionaria interina.
"Incumple sus obligaciones"
En esa declaración indica que Mera es la encargada en inspeccionar y supervisar obras contratadas por la Diputación, señalando en su comparecencia que "la misma incumple sus obligaciones, llegando a justificar gastos no realizado por determinados contratistas con el perjuicio económico que ello supone para la Diputación", se precisa en el auto.
Así se refiere en relación con unas obras realizadas en Guitiriz, que la Diputación adjudicó a la empresa Oca que, a su vez, contrató con Asogal, "al exigir a Ana Belén explicaciones sobre los gastos de dicha obra, le pidió que realizara un proyecto modificado y, al supervisarlo, pudo comprobar cómo ésta estaba justificando un aglomerado muy superior al establecido en el proyecto, sucediendo otro tanto en relación a la zahorra, negándose a formar dicha certificación", según se recoge en el auto.
"Lo más sorprendente es que el testigo refiere que recientemente, en el mes de febrero, ha tenido conocimiento de que la empresa Asogal ha pagado 4.100 euros a Ana Belén Mera en concepto de colaboración, a pesar de que, según su criterio, no podría ejercer dicha función por estar sometida al estatuto del funcionariado público y menos a una empresa a la que tiene que inspeccionar por su condición de directora de la Unidad de Proyectos". El citado testigo indicó que Mera "cobra un cuatro por ciento sobre el 20 por ciento del presupuesto de la obra".
"La declaración testifical viene a corroborar íntegramente las sospechas que se inferían a través de las intervenciones telefónicas", según se precisa en el auto incluido en el sumario de la Pokémon. Además, añade que, comprobadas las bases de datos de la Agencia Tributaria, se constata que ésta "está dada de alta como autónoma en el año 2011" y declara como ingresos brutos más de 28.400 euros de la Diputación, unos 24.500 de Hidralia, otros 6.000 de Asogal y unos 2.300 de Ovisa Pavimentos y Obras.
Delitos
De todo ello, en el auto se señala que Mera "ha podido cometer" un supuesto delito de negociación prohibida a funcionarios públicos, otro delito de falsedad documental y otro delito de prevaricación.
Además, los investigadores añaden en el citado auto que "las relaciones entre Santiso y Ana Belén se corroboraron con las intervenciones telefónicas".
Niega haber hecho certificaciones
Por su parte, la jefa de proyectos de la Diputación de Lugo, Ana Belén Mera, aseguró en su declaración ante la jueza instructora de la operación Pokémon, Pilar de Lara Cifuentes, que "no hizo ninguna de las certificaciones" de la obra de las piscinas de Monterroso y ha asegurado que quien la ha señalado, un técnico de la institución provincial, "miente en su declaración y trata de eludir su responsabilidad como director de obra".
Así consta en la declaración de Mera realizada el 29 de abril de 2014 en el juzgado lucense incluida en la nueva parte del sumario de la operación Pokémon sobre la que ha alzado este mes de septiembre, al que tuvo acceso Europa Press.
En este sentido, ha manifestado que "no es cierto" que redactase los certificados de obra y los remitiese al técnico Jesé Antonio Mondelo "con un 'post-it' indicando el lugar donde éste debía firmar".
Además, señaló que en momento que oyó los comentarios sobre los problemas de pago de la empresa encargada de la ejecución de las piscinas de Monterroso, Mera comprobó los datos del expediente, la última certificación emitida en esa fecha.
Al respecto, ha añadido que una vez en la obra, tras decidir visitarla en octubre de 2012, comprobó que la parte de trabajos pendiente de ejecutar era superior al importe de 5.500 euros y ordenó al vigilante del servicio de Vías y Obras V.L. que realizase unas mediciones exactas de lo que había ejecutado, según se recoge en su declaración judicial.
A preguntas de una parte, la declarante comentó que en relación con esta obra "no tuvo competencia" en labores de dirección facultativa no de dirección de obra. También ha sostenido que "no recuerda" que tras la certificación 2 enviase a un topógrafo para que comprobase el volumen de obra ejecutada por que le parecía excesivo. Agregó que no recuerda "si algún topógrafo intervino en la obra y emitió un informe informando acerca de si los datos que constan en la obra eran correctos".
"Rumores de un impago"
Mera ha precisado, asimismo, en su declaración, que la Diputación respecto de un impago "no puede realizar ningún tipo de actuación que entre dentro" de las funciones que tiene ella, y añadió que el "único motivo por el que revisa el expediente en octubre de 2012 es que oye rumores de un impago". Según ha asegurado, revisó "porque sí" el expediente a raíz de dicho comentario.
A lo largo de su declaración Ana Belén Mera ha puntualizado que "no hacía llegar las certificaciones en modo alguno a José Antonio Mondelo". Además, subrayó que "nadie de la Unidad de Proyectos ni como tal ni el personal de la misma, tiene la facultad de sustituir al señor Mondelo o quien realice las funciones de dirección de obra en ésta u otra".
Finalmente, ha hecho hincapié que no tiene constancia de que la Diputación ejerza un control respecto del cumplimiento por las empresas contratistas en cuanto a la emisión de las fechas de las facturas".