El PSOE estudia recurrir la sentencia del juzgado penal número 1 de Orense que condenó al expresidente de la Diputación José Luis Baltar a 9 años de inhabilitación, con argumentos con los que reclama que el condenado pague a la institución provincial los 696.666 euros que costaron los 104 contratos ilegales que dieron lugar a su condena por prevaricación.
El portavoz del PSOE de la Diputación de Orense, José Ignacio Gómez, ha explicado a Europa Press que la sentencia no tuvo en cuenta esa responsabilidad patrimonial "que es inherente al crimen cometido y si no se le hace pagar, parece dar a entender que se puede hacer lo que le dé a uno la gana porque no pasa nada en ese sentido".
Así, ha confirmado que está en estudio esa posibilidad y que se presentará el recurso "salvo impedimento legal de algún tipo", ha detallado. "Que Baltar pague la cantidad determinada por un informe de intervención de la propia Diputación sí es un ejercicio de regeneración democrática y no el contar quién tiene más votos como quiere el PP", ha agregado Gómez en alusión a la reforma electoral impulsada por el PP como medida de "regeneración".
Los recursos contra la sentencia del penal serán resueltos por la Audiencia Provincia. En el caso del condenado, el propio Baltar confirmó que presentará recurso, nada más conocer la sentencia, pero aún está en plazo para hacerlo pues su representante legal tiene diez días desde la notificación, que en el caso del condenado tiene que ser personal, y Baltar aún no la recibió, según fuentes de su entorno.
La propia sentencia que le inhabilitó el 16 de julio, incluye una alusión al Código Penal en el que se señala "que toda persona criminalmente responsable de un delito o falta, lo es también civilmente si del hecho se derivan daños o perjuicios".
Diputación no reclamó
La jueza del penal número 1 indica en el escrito, que el PSOE pidió que el acusado abonase la cantidad de 696.666,58 euros en concepto de responsabilidad civil, a la Diputación provincial de Ourense, "por los salarios, cotizaciones sociales y otros emolumentos" de las 104 personas contratadas.
Según la jueza "no puede estimarse la solicitud de responsabilidad civil dado que se desconoce cómo se llega a la cantidad solicitada, y no se tiene ninguna prueba sobre lo que podían cobrar las personas contratadas, ni sus cotizaciones a la seguridad social ni a qué se refiere la acusación particular con otros emolumentos" y añade que la Diputación provincial "no se personó en el proceso judicial ni reclamó nada al acusado".