La juez que instruye la operación Pokémon, Pilar de Lara, ha ordenado que la Escola de Galega de Administración Pública (EGAP) informe al juzgado sobre los contratos que ha formalizado una exresponsable del servicio de publicaciones con Sermasa -empresa del Grupo Vendex, eje de la investigación sobre una supuesta trama de pago de sobornos a políticos a cambio de concesiones públicas-. Además, en una de las últimas providencias emitidas, la magistrada también pide que se lleve a cabo un reconocimiento médico forense del trabajador del Aquario de Coruña que está personado en la causa por una denuncia de acoso laboral.
De esta forma, y a raíz de la declaración de Begoña Coladas, que fue responsable de publicaciones de la EGAP -puesto que ya no ocupa desde hace unos meses-, la instructora del caso pregunta sobre su vinculación con este ente -que depende de vicepresidencia de la Xunta- y acerca de los contratos celebrados con esta trabajadora.
Asimismo, la jueza le pide a la EGAP que le indique los servicios prestados en este organismo por cualquiera de las empresas del Grupo Vendex -tanto Doal, como Procedimientos de Aseo Urbano (PAU) y Sermasa-.
Precisamente, según la información enviada por la Xunta en una respuesta parlamentaria al PSdeG, la EGAP contrató el servicio de limpieza con Vendex por 161.102 euros en el año 2009, cuantía que fue similar a la que se mantuvo en los años sucesivos para este mismo fin. De esta actividad se hacía cargo Procedimientos de Aseo Urbano (PAU).
De hecho, PAU ha sido la empresa del Grupo Vendex que recibió el grueso del montante de contratos con la Xunta entre 2005 y 2013. Las sumas más altas en la primera legislatura de Alberto Núñez Feijóo se corresponden con el servicio de limpieza de la EGAP, que pasó de tener en 2005 (con el bipartito) una cuantía de 38.328 euros a suponer, en 2006 (también con el bipartito), 119.857, listón que progresó hasta los 178.934 euros de 2013.
Trabajador del Aquario
En cuanto a la situación del trabajador del Aquario, además de encargar un examen médico forense, la juez se dirige al Ayuntamiento de Coruña, que preside el popular Carlos Negreira, y cuyo teniente de alcalde, Julio Flores, permanece imputado en esta causa, para informarle de que este trabajador está personado en calidad de perjudicado.
Asimismo, le informa de que en esta investigación se siguen actuaciones derivadas de las "irregularidades referentes a los concursos" del Aquario denunciadas en su momento por el perjudicado así como las "consecuencias sufridas", las cuales, podrían "constituir un supuesto acoso laboral y de obstrucción a la justicia". En ese sentido, la jueza solicita al Consistorio que suspenda el procedimiento administrativo.
Autor José Manuel Rey Varela
En otro orden de cosas, la jueza también comunicó a las partes un auto en el que deniega la petición del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, de acelerar al máximo la prueba fonométrica y de que consulte a la Guardia Civil y a la Policía cuáles son los plazos que manejan para enviar la pericial para evitar dilaciones.
En su argumentación, la jueza se refiere además a la intención de que ella misma podría comprobar si se trata de la voz de José Manuel Rey Varela, lo cual fue negado por el regidor ferrolano y corroborado, en calidad de testigo, por el presidente de la Diputación de Coruña, Diego Calvo.
Así, señala que "es de valorar muy positivamente la confianza depositada por el recurrente en las cualidades y capacidades auditivas y conocimientos acústicos de esta instructora".
Pero añade que "no debe desdeñarse ciertos factores que permitirían inducir a error incluso a los oídos mejores dotados, tales como la distorsión típica que puede producirse con la utilización de determinados dispositivos técnicos".
En cuanto a que se "cuestione" que se encargase a la Policía Nacional, la juez argumenta que todavía está a las espera de que la Guardia Civil envíe la suya sobre Julio Flores, y recuerda que además le contestó que está "temporalmente suspendida" debido a la "ausencia de un director técnico cualificado".
Al margen de esta cuestión, también acordó librar un oficio para conocer el listado de llamadas telefónicas realizadas desde un restaurante de Coruña en el que se habría producido el encuentro entre el delegado de Vendex, José María Tutor, y el interlocutor de una de las llamadas investigadas -y que la jueza trata de aclarar si se correspondería con el regidor ferrolano-.
En las últimas providencias emitidas, después de la declaración del hermano de la exportavoz del PP gallego y diputada Paula Prado, Luciano Prado, y de una conversación telefónica que mantuvo el 18 de abril de 2011, Pilar de Lara solicita saber si pudo cometer "revelación de secretos".
Concretamente, se refiere a la conversación en la que "revela haber visto ese mismo día una fotografía", por lo que pide al Servicio de Vigilancia Aduanera que informe sobre la procedencia de las instantáneas del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con el contrabandista Marcial Dorado "que fueron publicados en un medio de comunicación" -en El País-.
De Lara también quiere saber si esas fotos fueron incautadas en alguna investigación judicial y si formaban parte de algún expediente o atestado policial o investigación. Finalmente, solicita un informe "extenso y detallado" sobre los anteriores puntos con el fin de determinar si "se ha podido cometer o no algún delito de revelación de secretos u otra clase de infracción".